Nicaragua: sigue orden de captura contra activista de ONG

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Imágenes de medios locales muestran cómo agentes de la Policía sacan computadores y papeles de las instalaciones, una entrega de documentación que el activista, quien se encuentra en Estados Unidos desde julio pasado, dijo en redes sociales que se realizó de "forma voluntaria" por parte del instituto.

Un juez de Nicaragua ordenó el pasado lunes la captura de Maradiaga, quien denunció violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Daniel Ortega ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Según la acusación, Maradiaga "gestionó a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP)". Junto con Maradiaga fueron acusados los ciudadanos Pío Arellano y Jean López "por los mismos delitos".

Siguen las acusaciones

El académico supuestamente utilizó el IEEPP "para el adiestramiento de grupos de personas, que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país ocurridas desde el 18 de abril, causando miedo y terror en la población nicaragüense", señala la acusación del Ministerio Público.

El 5 de septiembre pasado, durante una reunión del Consejo de Seguridad para abordar el tema de Nicaragua, el académico brindó además su testimonio en respaldo de un informe de la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). En su informe, la Acnudh responsabilizó al Gobierno de Nicaragua por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

La IEEPP ofrece colaboración a las autoridades

El instituto informó en sus redes sociales que la Fiscalía citó a su junta directiva con relación a las "múltiples acusaciones" contra Maradiaga y reiteró su inocencia y la del académico de todos los cargos hechos públicos.

"En ese sentido, hemos ofrecido toda la colaboración a las autoridades competentes, así como el pleno acceso a nuestros archivos, registros contables y estados financieros auditados”. Se ha puesto a disposición de las autoridades toda la documentación y archivos solicitados, proclama la publicación. Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales indican que los actos represivos denunciados por Maradiaga ante el Consejo de Seguridad han dejado entre 322 y 512 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos, mientras que el Ejecutivo lo ha cifrado en 199 fallecidos.