Mons. Henao: sociedad colombiana afectada por el consumo de drogas

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

La sociedad colombiana debe afrontar una diversidad de problemas en nuestros días. Uno de ellos, el consistente número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los últimos años. Otro aquel relacionado con las actividades criminales de grupos  guerrilleros, como el ELN, como el secuestro y los atentados terroristas. Pero también el tema del narcotráfico, y de los grupos que se contienden los territorios y las rutas nacionales, en colaboración con carteles mexicanos. Y en este punto, el consumo de sustancias psicoactivas que afectan la sociedad colombiana, una situación realmente crítica tal como lo ha reconocido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En este sentido, ya no se trata solamente del aumento sistemático del consumo, - un consumo que ya se identifica como epidemiológico - sino de las repercusiones en la salud pública y en la vida social del pueblo colombiano.

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana y  Presidente del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, aborda este y otros argumentos en entrevista con Vatican News.

431 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia desde 2016. Un número realmente consistente que denota el menoscabo por la vida humana ¿Qué lectura le da a esta situación?

R.- Todo parece indicar que hay sectores que están siendo particularmente focalizados por quienes cometen estos actos. Son militantes de receptación de tierras, pandillas de organizaciones de base, tanto en el campo como en las ciudades, conocidas como acciones comunales, y son también líderes de izquierda. En general hay un clima de mucha incertidumbre en los territorios porque se trata de un fenómeno que ya algunas autoridades reconocen como sistemático, con un impacto muy grande en la vida ciudadana y que revela que existe una creciente oleada de acciones que afectan la vida de personas, y que podrían dar pasos para convertirse en líderes alternativos frente a otros poderes políticos, económicos que pudiera haber en las regiones.

Es decir, hay una situación muy confusa, muy difícil, enfocada en algunos territorios, pero que hay que reconocer que tiene impacto en todo el país.

Los departamentos más afectados han sido Cauca, Antioquia, la zona pacífica, donde numerosos líderes han sido asesinados en el último año y medio.

La mesa de paz no está prosiguiendo como se esperaba, los obispos colombianos al final de su plenaria hicieron un llamamiento directo al ELN invitándolo a una seria reflexión sobre sus graves acciones y a dar pruebas inequívocas de su voluntad de paz. Según usted, ¿hay oídos (voluntad) de la otra parte para escuchar y acoger este pedido?

R.- Todavía existe una posibilidad de seguir insistiendo, habida cuenta de que no se han cerrado todas las puertas. El gobierno ha insistido en que habría una decisión bajo unas condiciones, pero ha dicho que no se ha cerrado definitivamente la opción de llegar a una negociación.

El ELN ha insistido también en continuar el proceso. Hay un ambiente muy difícil después de los atentados contra la Escuela de Policía General Santander, que ha hecho que se cree en la opinión pública una acción de rechazo muy fuerte frente a estas acciones por parte de este grupo guerrillero, pero creemos que realmente el ambiente actual es muy difícil para pensar en el corto plazo en un relanzamiento de una posibilidad.

Esperemos que el ELN escuche el llamado que le ha hecho la Iglesia y muchos sectores de la sociedad civil, para que se puedan emprender negociaciones serias que conduzcan al fin del conflicto con esta guerrilla; pero mientras tanto estamos en un periodo en el cual es necesario retomar muchos temas relacionados con la construcción de la paz, que finalmente alimenten la posibilidad de que en un futuro se puedan reanudar las conversaciones.

El gobierno de Duque exige al ELN que libere a los secuestrados y que cesen las actividades criminales. ¿Cuáles son las principales actividades criminales de estos grupos?

R.- Lo más importante es el secuestro. El secuestro es una actividad que tiene un rechazo general de la sociedad, y si no se dan pasos en ese sentido, avanzar es una situación bastante compleja. Pero hay otras actividades, y tal vez el gobierno alude a este tipo de acciones, como la ocurrida contra la Escuela General Santander que fue un ataque que dejó un número muy importante de policías muertos. Y luego han habido acciones, que algunos consideran que pueden conducir incluso al reclutamiento forzado de menores de edad, lo que podría estar dentro de ese marco. Por eso hemos lanzado un llamado a esta guerrilla para que suspendan estas actividades criminales.

¿Cómo se sitúa el grupo de los paramilitares, dentro de las actividades violentas que suceden en Colombia?

R.- Hay que aclarar primero que todo que hubo una negociación con lo que se llamaban las autodefensas unidas, es decir, con los grupos paramilitares, hace años. Esos grupos dejaron reductos que nunca se desmovilizaron, que nunca entraron en las negociaciones y que son los que en este momento han venido como fortaleciéndose, teniendo una mayor presencia territorial. A ellos se han unido grupos al servicio de los carteles del narcotráfico, particularmente de los carteles mexicanos, con lo cual hay una disputa territorial entre estos grupos que hoy el gobierno está queriendo llamar "los paramilitares" y los grupos armados organizados ilegales. Este tipo de grupos, con estas características, son quienes han emprendido una lucha en muchos territorios donde estuvieron las FARC previamente, para mantener el control territorial y el control de las rutas del narcotráfico, que conducirían hacia la salida de cocaína y otros elementos que son procesados aquí, como drogas ilícitas.

Esos grupos han ido haciendo presión en las comunidades, han realizado una serie de acciones también entre ellos y contra otros grupos guerrilleros para consolidar su presencia territorial y para impedir el acceso de las autoridades a los territorios que están fuertemente dominados por el cultivo de la coca o de otras drogas ilícitas.

¿A qué punto están las discusiones de las medidas de radicación de los cultivos de hojas de coca? ¿Hay un proyecto sólido de una reforma rural?

R.- Colombia tuvo un incremento en época reciente en la cantidad de cultivos que lo llevó a ser un país con una tasa de cultivos ilícitos muy altas, quizá históricamente de las más altas.

Hay dos caminos que se han emprendido, uno está contemplado en los Acuerdos de Paz con las FARC, la erradicación manual y voluntaria por grupos de familias. Los grupos de familias han firmado acuerdos con el Estado colombiano para hacer la erradicación manual, y estarían en un proceso muy fuerte de tratar de establecer cultivos alternativos. La dificultad está en que en muchos casos ellos no han recibido realmente una alternativa.

Es cierto que se ha cumplido gran parte de lo pactado, pero por otro lado no se ha tenido la respuesta integral del Estado para asegurar la supervivencia de esas familias, lo cual ha puesto en riesgo el programa.

Lo otro es una medida que ya se usó históricamente, que es la erradicación forzada a través de la fumigación aérea, que se ha reactivado, y hay un programa también de erradicadores manuales. Pero indudablemente los acuerdos entre comunidades y gobierno serían lo ideal, porque incluirían programas de desarrollo a los cuales hay que darles seguimiento para que el Estado realmente responda a las necesidades de las familias rurales que no han tenido alternativas distintas que las de sembrar la coca.

Socialmente, ¿cuán enraizado está el consumo de sustancias ilícitas en Colombia? ¿Hay un problema social y cómo eliminarlo?

R.- Hay dos grandes problemas, uno es el que llamamos el micro tráfico, es decir, el coste, la venta y el tráfico interno de sustancias alucinógenas que ha venido incrementando en los últimos años y que es una amenaza real, porque es uno de los actores que mayor violencia y criminalidad produce en las ciudades, es el control de rutas y de espacios urbanos importantes para la venta de drogas. Eso es un problema creciente.

El otro es el fenómeno de las dependencias. Cada vez tenemos nuevas drogas y más tempranas las edades en las cuales se inicia el consumo. Es decir, la sociedad colombiana dejó de ser una sociedad que producía y exportaba ilegalmente drogas, ahora hay una sociedad muy afectada por el problema del consumo.

Como Iglesia estamos buscando alternativas y estamos también explorando caminos para crear mecanismos de prevención que sean efectivos para ayudar a que los jóvenes, y las familias en general, sean libres de esta gran plaga que es el consumo de las drogas.

Estamos reflexionando sobre esto porque estamos en una fase en que el consumo de drogas se ha vuelto masivo, y Colombia en este momento tiene que fortalecer la política de prevención sobre todo, y el tratamiento, porque tenemos ya un fenómeno bastante extendido en el país.