Obispos de Costa Rica rechazan uso de violencia en allanamiento a su sede

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

El exsacerdote Víquez Lizano, expulsado del estado clerical es prófugo de la justicia, y se sigue además el proceso al padre Guevara Fonseca.  El 7 de marzo, la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José (Costa Rica) y la Adjunta de Género allanaron la Arquidiócesis de San José. “En la orden de allanamiento, la juez razona la procedencia del mismo en el dicho de un ofendido, el cual relata que los funcionarios de la Iglesia le negaron copia de su denuncia realizada ante la Curia Metropolitana en el año 2015, lo cual es falso”, precisan los obispos.

Excesos cometidos en el allanamiento

Los obispos costarricenses indicaron que el allanamiento lo realizaron “al menos 20 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al mando de varios fiscales, armados, con pasamontañas y equipo para derribar puertas y forzar archivos, mostrando una orden de allanamiento, y encerraron en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, CECOR”.

“Pese a que los funcionarios se mostraron en la mayor disposición de colaborar y suministrar los materiales que fueran requeridos, fueron amenazados de palabra, y condujeron a nuestros funcionarios, dándoles el trato de personas peligrosas y los mantuvieron incomunicados”, lamentaron los prelados. Además, dijeron los obispos, “los agentes del OIJ causaron destrozos materiales en el edificio”.

También denunciaron que los funcionarios de la CECOR quisieron rezar el Rosario mientras estuvieron recluidos durante tres horas, algo que los agentes impidieron con “música a alto volumen” mostrando así “total irrespeto a su libertad religiosa”. Los prelados costarricenses también señalaron que “se le impidió al abogado de la Conferencia Episcopal presente en el edificio presenciar la acción judicial que se estaba llevando a cabo”.

Los obispos dispuestos a colaborar con la justicia

Los obispos reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre abusos sexuales, pero rechazaron “el comportamiento de las autoridades judiciales en la ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo”.

Asimismo expresaron su “preocupación por la filtración a los medios de comunicación de información contenida en los documentos secuestrados los cuales están siendo sacados de contexto, dando pie a especulaciones y poniendo en peligro el honor de las personas cuyos nombres pudiesen aparecer en los documentos, especialmente el de los denunciantes; de ello responsabilizamos a los funcionarios judiciales”.

También aclararon que “ni la Conferencia Episcopal, ni la Curia Metropolitana, han pagado por el silencio de los denunciantes en ninguno de los casos investigados, cuyos expedientes han sido secuestrados”.

“Confiados en que la verdad prevalecerá en estas investigaciones, nos encomendamos especialmente a la oración de todo el pueblo santo de Dios, para que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, conceda paz, serenidad y justicia a todas las partes”, concluyeron.