México, Honduras y Guatemala, pastoral de movilidad

La Pastoral de Movilidad Humana de las Conferencias Episcopales de México, Guatemala y Honduras, ante la situación migratoria, en estos tiempos de propagación de la pandemia Covid-19, contra la cual no todos los gobiernos han implementado medidas suficientes para proteger a sus ciudadanos y vecinos, ha puesto en discusión las deportaciones masivas y arbitrarias llevadas a cabo por las autoridades mexicanas.

Observamos con preocupación - escriben los obispos- que México no esté tratando el tema de la migración como un fenómeno de vital importancia en estos tiempos del COVID19, permitiendo a su vecino del norte deportar a su territorio ciudadanos de cualquier país, incluso muchos de ellos sin su debido proceso y sin que les sea brindada la protección necesaria a los solicitantes de asilo.

Los prelados expresan su preocupación por la deportación de ciudadanos no mexicanos desde Estados Unidos a los que México recibe sin otorgarles un documento de legal estancia en el país, así como por las deportaciones de familias enteras con hijos, que se convierten en presa fácil del crimen organizado.

Destacan que "México, de igual manera, sigue deportando ciudadanos centroamericanos, especialmente a migrantes hondureños a Guatemala, violando el derecho internacional y dejando a estos ciudadanos hondureños en una situación de total desprotección, elevando así su grado de vulnerabilidad".

Ante esta situación, los obispos piden en primer lugar a los gobiernos de México, Honduras y Guatemala detener las deportaciones, y hacer cumplir el derecho internacional que prohíbe a un país deportar a un extranjero a otro país que no sea su país de origen o donde tenga establecida su legal residencia; que por razones humanitarias, para evitar el hacinamiento, se permita la salida de las estaciones migratorias y o centros de detención para migrantes a las personas que están en un proceso de regularización; que se garanticen la adecuada atención médica a los migrantes independientemente de su condición migratoria respetando el derecho a la salud, y que no se politice la crisis por el coronavirus, sino que se tomen acciones concretas para frenar la propagación del virus.