Obispos colombianos preocupados por el incremento de la violencia contra líderes sociales

Vatican News

“Se requiere salir del estado de indiferencia frente a las amenazas que viven los líderes sociales; hay preocupación por la situación de los pueblos indígenas, por el abandono en que se encuentran y por el alto estado de vulnerabilidad que están viviendo frente a los problemas de salud”, lo dijo Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), al ser interpelado sobre el “Informe sobre la situación de violencia en contra de los líderes sociales y excombatientes del suroriente colombiano”.

Preocupación de la Iglesia ante el incremento de la violencia

En una nota – publicada en la página web de la CEC – el Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social advirtió sobre la urgencia de “salir del estado de indiferencia frente a las amenazas que viven los líderes sociales”, además, el Prelado reiteró la preocupación de la Iglesia ante “el incremento de la violencia y las amenazas” contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones indígenas, acciones comunales y excombatientes de la guerrilla de las FARC que optaron por el camino de la reincorporación.

Persecución constante contra líderes sociales y comunales  

Asimismo, Monseñor Henao Gaviria comentando el Informe sobre los asesinatos de líderes sociales y excombatientes – publicado en la página web de la CEC – dijo que este documento evidencia que esta situación de violencia se ha recrudecido durante el primer cuatrimestre del año 2020, en comparación con años anteriores. En dicho período, han sido asesinados, en la región de Meta y Vichada,  8 excombatientes de las FARC  y 3 mujeres líderes sociales e indígenas.  Además de los asesinatos, el informe denuncia la persecución constante contra líderes sociales y comunales  y evidencia el impacto de esta situación en los municipios priorizados por el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC  y en los municipios históricamente vulnerados por el conflicto armado como Puerto Gaitán y Puerto Rico Meta.

Uso excesivo de la Fuerza Pública de Seguridad del Estado

Una de las principales preocupaciones que destaca el informe, es la criminalización de la protesta social al revelar que durante el primer trimestre de este año, se registraron al menos 5 manifestaciones de trabajadores contra las actuaciones de empresas petroleras asentadas en el Meta. Las protestas se generaron porque, aun en el marco de las medidas de aislamiento social para la prevención del Covid-19, han continuado desarrollando labores de exploración, extracción, transporte de crudo y demás actividades propias, exponiendo a la población a posibles contagios. En dichas manifestaciones, denuncia el documento, se ha hecho un uso excesivo de la Fuerza Pública de Seguridad del Estado, que ha terminado en la captura y estigmatización de líderes comunitarios a quienes se les imputa daño a la propiedad privada, bloqueo de vías públicas, incitación al sabotaje y al terrorismo.

La población indígena de la Amazonía en riesgo de etnocidio

El informe realizado por la Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano revela también las “situaciones de alta vulnerabilidad de la población indígena de la Amazonía en riesgo de etnocidio, por la falta de servicios de salud eficientes y el reconocimiento de sus territorios, a lo que se suman los ataques directos contra los derechos colectivos al territorio, la autonomía como pueblos y la seguridad”. No menos preocupantes son las noticias relacionadas a la inseguridad y al conflicto armado de la región, donde continúan los enfrentamientos de la fuerza pública con grupos irregulares, y los de la fuerza pública con los campesinos, principalmente por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

Prestar atención a las necesidades de los pueblos indígenas

Finalmente, Monseñor Henao como Director de la Pastoral Social hace un llamado a las Autoridades y a la sociedad civil a “salir del estado de indiferencia frente a las amenazas que viven los líderes sociales” y a prestar atención a las necesidades de los pueblos indígenas en situación de abandono y vulnerabilidad, no solo frente a la amenaza de la pandemia de Covid-19 sino también, por “las presiones, violencia e intimidaciones que reciben desde distintos sectores”.