India. Los obispos: proteger a los trabajadores migrantes internos

Isabella Piro - Ciudad del Vaticano

Acelerar y reforzar al máximo, mediante una legislación adecuada, la protección de los trabajadores migrantes internos, que se cuentan entre las primeras y principales víctimas del Covid-19. Esto es lo que pide a viva voz la Conferencia Episcopal de la India (Cbci), a través de las palabras del Padre Jaison Vadassery, secretario de la Comisión para los Migrantes. Concretamente, los obispos piden que se aplique efectivamente una ley de 1979 dedicada precisamente a los trabajadores migrantes interestatales, recordando que muchos de ellos regresan ahora a las zonas urbanas después de haber estado en cuarentena en sus pueblos de origen.

La ley de 1979 garantiza, de hecho, el salario mínimo, el horario de trabajo y la salud del trabajador, según los parámetros establecidos por el gobierno, con miras a la responsabilidad y la transparencia.

"Hemos sido testigos del sufrimiento de los trabajadores migrantes durante el éxodo masivo que tuvo lugar en el confinamiento, mientras el país luchaba contra la pandemia -explica el Padre Vadassery, citado por la agencia Eglise d'Asie- la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad inmediata de reforzar la protección de estas personas, porque su éxodo se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria". De hecho, muchos trabajadores migrantes "tuvieron que caminar varios cientos de kilómetros, a lo largo de carreteras y ferrocarriles, para llegar a sus estados de origen".

Y las víctimas no se cuentan: en mayo, por ejemplo, en el distrito de Aurangabad, en el Estado de Maharashtra, por lo menos 16 migrantes murieron al pasar un tren de carga y otros 100 murieron en accidentes de carretera en todo el país.

La mayoría de los trabajadores migrantes están empleados en obras de construcción, en fábricas y hornos de ladrillos, y en sectores como el trabajo doméstico, la industria textil, el transporte y la agricultura. La mayoría de los trabajadores migrantes proceden de los estados menos adelantados de la India, como Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Rajastán y Uttar Pradesh.

Privadas de derechos fundamentales como la vivienda, la ayuda alimentaria, los servicios de salud, el acceso a la educación y a los servicios bancarios, estas personas trabajan en condiciones precarias, sin ninguna seguridad social ni protección legal.