Iglesia, Venezuela: ¡La muerte del indígena Salvador Franco no debe quedar impune!

Ciudad del Vaticano

“La vida humana es sagrada” es el título del comunicado de la Conferencia episcopal venezolana (CVE) y más de 15 instituciones que pronuncian sobre la muerte del indígena Salvador Franco, preso político que falleció el domingo 03 de enero de 2021, en el centro de reclusión Rodeo II ubicado en Guatire, estado Miranda. Las organizaciones denuncian que Salvador, junto a 12 compañeros de su etnia, “fue detenido arbitrariamente y sin el debido proceso, por la Fuerza Pública en diciembre de 2019”. 

El comunicado enumera los varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos violados por el Estado Venezolano, que van desde el derecho a la presunción de inocencia hasta prueba contraria, el derecho a la incolumidad física por el que "nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" y el derecho a la salud.

Garantizar el derecho a la salud a toda persona

 “Este último aspecto muestra la irresponsabilidad del Estado en cumplir con la obligación de garantizar el derecho de la salud a toda persona bajo su cuidado y tutela directa; esta negligencia trajo como consecuencia la muerte de Salvador Franco, violándose de esta manera, por parte del Estado Venezolano, el Derecho a la vida amparado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, subrayan las instituciones.

La nota recuerda que la privación “formal” de la libertad de Salvador Franco y sus compañeros, fue decidida 11 meses después de su detención, el 27 de noviembre de 2020, cuando pasaron a juicio. No obstante, ya habían estado detenidos todos esos meses en condiciones deplorables que afectaron gravemente la salud del grupo de indígenas.

13 indígenas pemones han sido procesados

“De igual manera, coincidimos con Amnistía Internacional, al señalar que los 13 indígenas pemones han sido procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas cuando los delitos se hubiesen cometido en una comunidad indígena, como es el caso”, reclaman las organizaciones.

La Iglesia pide justicia por Salvador Franco

La Iglesia y las demás organizaciones exigen el chequeo médico de los 12 indígenas pemones detenidos así como su asistencia médica adecuada y oportuna; agilizar el juicio correspondiente que garantice a estos 12 indígenas el debido proceso con trato digno, y sean retornados a sus comunidades de origen; realizar una investigación exhaustiva y objetiva para determinar quiénes son los auténticos responsables de lo ocurrido en 2019 y “que se juzgue a los responsables de la muerte de Salvador Franco”.

“Nos solidarizamos con la comunidad Pemón y las familias de los 13 privados de libertad, especialmente con las mujeres quienes, como María Santísima, con el corazón traspasado por la espada de la injusticia, no se han despegado de la cruz: dignas y enteras luchando por la vida”, expresan en el comunicado.