Obispos de Costa Rica hacen un llamamiento contra la corrupción
Isabella Piro - Ciudad del Vaticano
Recientemente han surgido en Costa Rica numerosos casos de presunta corrupción en el sector de las obras públicas, a raíz de una investigación. Hasta ahora, la Fiscalía ha investigado a 56 instituciones, empresas y domicilios particulares y ha detenido a 30 personas, entre ellas contratistas de carreteras y funcionarios públicos de nivel medio. 13 de ellos son miembros del Consejo Nacional de Carreteras. Según medios locales, entre 2018 y 2020 se creó un verdadero "sistema de corrupción" que hizo que el presupuesto nacional perdiera 78.000 millones en moneda local, unos 125 millones de dólares.
Transparencia, ética y bien común
En este contexto, el jefe de Estado, Carlos Alvarado Quesada, ha solicitado a la Asamblea Legislativa la apertura de una Comisión de Investigación, mientras que el concejal Camilo Saldarriaga Jiménez, que terminó siendo investigado, ha renunciado. Ante todo esto, la Conferencia Episcopal Nacional (CECR) ha emitido un mensaje en el que pide a la justicia que aborde urgentemente el problema de la corrupción, para que estos delitos no queden impunes y se proteja la democracia. Al mismo tiempo, los obispos instan a todos los empresarios y funcionarios católicos a promover la ética, la transparencia y el bien común.
Indignación en los ciudadanos
La situación actual es "dolorosa", escriben los obispos y afecta a las obras públicas "tan necesarias para el país" provocando "una comprensible indignación en la mayoría de los ciudadanos", decepcionados por el "deterioro de las instituciones nacionales". De ahí que los prelados recuerden que "sin un compromiso ético por parte de todos, tanto en el ámbito público como en el privado, difícilmente se podrá transitar por el camino de la justicia, el desarrollo integral, la confianza y la credibilidad de toda la sociedad".
Lo que "empaña la naturaleza institucional de un país", de hecho - advierte el mensaje - también representa una amenaza para "sus valores más elevados", "afecta a la democracia" y expone a la población "a una mayor desigualdad", conduciendo a todos hacia "una profunda degradación" que frustra "cualquier oportunidad de desarrollo social y económico".
"No habrá lugar para la impunidad"
Sin embargo, el Episcopado costarricense se mostró confiado en la labor de la justicia y confía en que "no habrá lugar para la impunidad", que "socava los cimientos de la democracia". Al mismo tiempo, todos los ciudadanos están llamados a ser "corresponsables y conscientes de la necesidad de trabajar juntos por el bien común", para "consolidar la justicia" y "superar los enormes desafíos" que plantean los acontecimientos actuales. Contundente, por tanto, la invitación de los prelados de Costa Rica a "recuperar y consolidar la justicia social, con oportunidades para todos", porque "una democracia sin valores se convierte fácilmente en totalitarismo".
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