Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Perú
Vatican news
La Conferencia Episcopal peruana postergó la Eucaristía prevista para este viernes 20 de enero en el Santuario de las Nazarenas. Los obispos querían hacer un llamado a la paz en medio de la situación actual que vive el país, orando por sus compatriotas y el anhelado don de la paz. La celebración eucarística se iba a realizar como clausura de la 124 asamblea Plenaria del Episcopado, y contaba con los Obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país.
En el anuncio oficial los prelados explicaron que la Eucaristía planeada para que fuera presidida por Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la entidad y concelebrada por sus hermanos en el episcopado se programará para otra fecha pensando en facilitar la participación del Pueblo de Dios.
La 124ª Asamblea Plenaria del Episcopado peruano entró en su recta final y para clausurar esta semana de reflexiones pastorales, elecciones internas y análisis de la realidad, los obispos pensaron en unirse en oración junto al pueblo de Dios para reiterar su llamado a la paz; pero presumiblemente por las condiciones de orden público la ceremonia fue suspendida.
Cáritas Perú
El Secretario General de Cáritas Perú, Manuel Mendoza Huapaya, informó a Vatican News, que han seguido muy de cerca los conflictos que vive el país y que se han ido agravando cada vez más. Una situación dijo, que se ha vuelto algo prácticamente incontrolable, sobre todo ayer, día muy particular y crítica para el país, afirmó, por las protestas sociales, los reclamos y las movilizaciones de la población hacia la capital. Mendoza Huapaya, explicó que Cáritas Perú buscará “puntos de unidad y no de diferenciación”. Buscará encuentros para ayudar a quien esté pasando momentos difíciles.
La toma de Lima
Este 19 de enero miles de peruanos llegaron hasta la capital peruana, respondiendo a la convocatoria de la denominada «toma de Lima» una invitación hecha por diversas organizaciones civiles que exigen un adelanto de las elecciones a este año, en vez del 2024. Piden que renuncie Boluarte, la liberación de Castillo, el cierre del Congreso, y una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Muchos de los manifestantes estaban ataviados con banderas de Perú y la wiphala, usada con frecuencia por algunas comunidades indígenas.
El paro nacional antigubernamental, con bloqueos de carreteras y marchas afectaron al 27 % del territorio nacional. En la movilización en Lima, se produjeron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. La Policía Nacional del Perú (PNP), desplegó un gran contingente y tanquetas.
Los incidentes ocurrieron en varias calles del centro, entre ellas el jirón Azángaro, en las inmediaciones de la sede de la Cancillería y de la Defensoría del Pueblo, y en la avenida Abancay, que conduce hasta el Congreso. En estos y otros puntos, la Policía dispersó con bombas lacrimógenas a los manifestantes, mientras ellos lanzaban piedras, palos y otros objetos contra los agentes.
Ante esta tensión que azota al país, la preocupación entre las autoridades y la sociedad civil persiste por lo que se suspendieron las clases en las universidades y se solicitó a las empresas que faciliten el trabajo desde casa con el fin de limitar el tránsito de civiles por las calles de Lima. Por su parte el Ministerio de Salud declaró la alerta roja en los diferentes centros de salud del país, conscientes de la probabilidad de que las manifestaciones se extiendan a otras ciudades, en forma simultánea.
La convocatoria
Inicialmente la toma de Lima fue convocada por las comunidades indígenas, luego se unieron los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que constituye una de las principales agremiaciones sindicales del país lo que coincidió con la fecha pactada para adelantar el paro nacional.
Algunos de los manifestantes abogan por una nueva constitución y la liberación de expresidente Pedro Castillo, culpando a los miembros del gobierno de las muertes que se han presentado en el contexto de las movilizaciones y en las que presuntamente se presentaron violaciones a los derechos humanos, lo que apenas se encuentra en investigación por parte de los organismos competentes.
Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte ha sido enfática al decir que no renunciará al cargo, exhortando a los manifestantes a expresar su descontento de manera pacífica y reiterando su disposición para dialogar, aclarando que no podrá referirse a temas como la disolución del congreso o la reforma de la constitución por tratarse de temas que se encuentran fuera de sus competencias como primera mandataria de los peruanos. «Mi compromiso es con el Perú, no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la Patria,» afirmó.
Familias en duelo
Se calcula que los diferentes episodios de violencia en Perú han dejado cifras cercanas a los 55 muertos y los mil heridos. En ciudades como Arequipa los reportes oficiales de este 19 de enero hablan de una toma del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón por parte de manifestantes que incendiaron una de las casetas de vigilancia y las luces empleadas para el aterrizaje de las aeronaves. Se sabe que miembros del Ejército y de la policía lograron retomar el control del terminal aéreo aplicando los protocolos que corresponden al caso.
La presidenta Dina Boluarte aseguró que los actos violentos que se presentaron en el contexto de las protestas no quedarán en la impunidad, esto tras conocerse el incendio en zonas aledañas a la plaza de San Martín y que el cuerpo de bomberos calificó como fuera de control o lo que se conoce como código 3, mientras desde la organización Aeropuertos Andinos de Perú se hizo un llamado por la paz ante las amenazas en contra de las instalaciones de los terminales aéreos. “El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca, llamo al dialogo, a la calma,” aseguró la mandataria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un tuit insta al Gobierno a garantizar el derecho de protesta pacífica en las manifestaciones sociales. Además condenó la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como manifestantes en las protestas antigubermantales.
El vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón, presentó al consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe de la visita hecha al país del 11 al 13 de enero. En el tuit de la Comisión se pueden leer algunos puntos clave de esa visita, “la CIDH condena las más de 50 muertes”, y afirma que son múltiples las denuncias de exceso de uso de la fuerza y exige, se lee, investigaciones para sancionar a los responsables.
Recordamos, el pasado 7 de diciembre, luego del fallido autogolpe de Estado del presidente Pedro Castillo, fue arrestado al tratar de disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente. Desde esa fecha, Según la CIDH, no se han detenido las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, muriendo hasta ahora 55 personas, entre ellas siete adolescentes, y dejando un saldo de más de 700 heridos.
El relator de la CIDH pidió al gobierno peruano, que facilite un diálogo amplio e inclusivo, donde estén representados todos los sectores. Además., pide que se debe investigar “imparcialmente y con enfoque étnico-social”, todas las muertes y sancionar a los responsables. Por último, exigió a las fuerzas de seguridad que cuando intervengan en las protestas lo hagan con "legalidad y proporcionalidad". Ralón pidió también que se evite la "estigmatización" de ciudadanos de origen aimara que participan en las protestas y que han sido tachados de "terroristas" o "indios".
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