Iglesia pide verdad y justicia para víctimas de conflicto en Guatemala
Vatican News
Atender los casos de protección a personas que eran perseguidas, atendiendo a un llamado de San Juan Pablo II quien deseaba que la Iglesia caminara a la par del pueblo. Esta es la finalidad original de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), fundada en 1990 por el arzobispo Monseñor Prospero Penados del Barrio, mientras la nación centroamericana atravesaba un conflicto armado interno que culminó seis años más tarde, en 1996. El arzobispo delegó en el obispo auxiliar Monseñor Juan José Gerardi la Coordinación General de la misma, con el objetivo de defender y promover los Derechos Humanos.
En 1998, en el contexto de los acuerdos de paz, se firmó un convenio para la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico CEH, explica Nery Estuardo, director ejecutivo de la ODHAG. La institución propuso a la Conferencia Episcopal de Guatemala la configuración de un proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica cuyo objetivo era generar insumos al Informe de la CEH. “La idea era recabar, por medio de testimonios, información sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Conflicto Armado”, sostiene.
El 24 de abril de 1998, se presentó el informe “Guatemala Nunca Más”, producto del proyecto interdiocesano. Dos días más tarde, “Monseñor Gerardi, prosigue Estuardo, fue asesinado y 3 años después ODHAG y Ministerio Público consiguen una sentencia condenatoria en donde un tribunal declara la muerte del prelado como un crimen de estado condenando a 3 militares y a un sacerdote católico por el asesinato, luego de superar amenazas, intimidaciones y persecuciones a los equipos involucrados en el esclarecimiento”.
“La ODHAG ha trabajado en procesos de exhumaciones de cementerios clandestinos, salud mental, educación en Derechos Humanos, resolución alternativa de los conflictos, actualmente se trabaja en derechos de la niñez y adolescencia, protección del medio ambiente, atención a casos de criminalización de liderazgos sociales, Memoria Histórica, derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas”.
Luego de concluido el conflicto, las comunidades afectadas se organizaron en varias asociaciones (una de ellas, la Asociación para la Justicia y Reconciliación AJR), quienes presentaron denuncias para el esclarecimiento de esos hechos, involucrándose el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH quienes trabajaron los hechos cometidos durante el régimen del General Efraín Ríos Montt en donde dos tribunales de justicia reconocieron en sus sentencias que sí hubo genocidio y ODHAG para trabajar el esclarecimiento de los hechos realizados durante el régimen del General Fernando Lucas García 1978 a 1982. Luego de más de cuarenta años de espera, el 5 de abril pasado inició el debate en el que se espera probar las responsabilidades del General Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Dignificar a las víctimas
Antes del comienzo del juicio, la ODHAG publicó un pronunciamiento en el que resaltaban el conocimiento de la verdad y la búsqueda de justicia como fundamentos para defender la dignidad de las personas. “Estos son mecanismos para que una sociedad que sufrió un conflicto armado necesita para lograr la reconciliación y la reconstrucción del tejido social roto por la guerra”, acota Estuardo. Ahora, pretenden que se dignifique a las víctimas, ya que incluso en el informe “Guatemala Nunca Más”, “algunos testimonios de los sobrevivientes expresan que fueron tratados peor que animales y buscan que la memoria de sus familiares y amigos sea reivindicada”.
Estuardo considera que el Estado tiene la obligación de reconocer su responsabilidad, facilitar la información para dilucidar los hechos y pedir perdón por los abusos cometidos. “No hay abogados independientes que estén dispuestos a asumir estos casos por el riesgo que se corre, por lo que se necesita el apoyo de entidades como la Iglesia para lograr justicia”, asegura.
La Iglesia participa en los procesos de reconciliación nacional
Durante el conflicto, miembros de la Iglesia católica fueron perseguidos “principalmente por entidades del Estado ya que este señalaba que apoyaba a la guerrilla, muchos sacerdotes, catequistas y el propio Monseñor Juan Gerardi fueron perseguidos, el obispo Gerardi estuvo exiliado 2 años en Costa Rica, existen 14 beatos entre ellos 5 sacerdotes, 1 religioso, 8 laicos entre ellos 1 niño que fueron perseguidos por odio a la fe y que fueron martirizados en esa época. Se sigue el proceso de muchos más”, afirma el director ejecutivo de ODHAG.
El referente de la organización sostiene que “la Iglesia ha buscado hacer presencia en medio de un país en guerra, protegiendo vidas humanas, buscando la verdad, participando en los procesos de reconciliación nacional y comunitario, llevando atención psico social a las comunidades, apoyando la búsqueda de justicia”.
Para la entidad son muy importantes las palabras que pronunciara el Cardenal Rodolfo Quezada, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y luego Arzobispo de Santiago de Guatemala, pronunciara: “Estamos dispuestos a perdonar, pero antes queremos saber a quién perdonar y de que perdonar”. Según Estuardo, “esto significa que la Iglesia quiere conocer la verdad como fuente de liberación, pero no solo ahí, también se debe de apoyar los esfuerzos de justicia, conocer a los responsables, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron y así buscar el perdón y la reconciliación”.
La ODHAG pide que la administración de la justicia sea ecuánime
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala solicita a la comunidad internacional que asista al juicio contra Benedicto Lucas García, que envíe delegaciones de juristas y especialistas en Derecho Internacional Humanitario y que se realicen acciones de solidaridad instando al Organismo Judicial guatemalteco a garantizar el debido proceso. Estuardo manifiesta que “la auditoría social en los casos de violaciones a los Derechos Humanos es muy importante", pues por lo general, en este tipo de casos existen presiones y acciones para obstruir la administración de la justicia, como amenazas, abuso en los recursos judiciales, desinformación y corrupción.
“Se necesita emitir comunicados o posicionamientos exigiendo al Estado de Guatemala que la administración de justicia, sea objetiva, ecuánime e independiente”, subraya.
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