Obispos de Chile se pronuncian ante el mal de la corrupción en el país

Ariana Pernía Paolini – Ciudad del Vaticano

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile se pronunció este jueves ante los casos de corrupción que afectan a la nación andina a través de la declaración “Ante el mal extendido de la corrupción”, donde expresó su preocupación frente a la creciente vulneración de la justicia social en el país.

En los 7 puntos del texto, los miembos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, el presidente monseñor René Rebolledo Salinas, Arzobispo de La Serena; vicepresidente monseñor Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo; monseñor Fernando Chomali Garib, Arzobispo de Santiago; y monseñor Sergio Pérez de Arce Arriagada, Arzobispo de Concepción, destacaron su preocupación sobre “los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos”.

En este sentido, los obispos instaron a la sociedad a tomar consciencia sobre cómo los “procesos de corrupción vulneran muy gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica” y, en consecuencia, llevan a las personas a perder el sentido de comunidad y a optar por el egoísmo como “regla esencial del actuar humano”.

La corrupción afecta “indefectiblemente a nuestro sistema democrático”

Uno de los puntos más prominentes en el documento fue el envilecimiento de las entidades de derecho público como resultado de los procesos corruptivos, es así, que los pastores destacaron que resulta grave “que estos acontecimientos afecten, en muchos casos a los órganos públicos y a sus funcionarios, o a particulares que colaboran en la aplicación de políticas en bien de los más desprotegidos”.

Del mismo modo, indicaron que los actos de corrupción “afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático, que en vez de verse asegurado por una auténtica imparcialidad para promover a los cargos de conducción del Estado a los mejor preparados, se va transformando en un verdadero sistema de influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento”.

Finalmente, la Conferencia Episcopal de Chile exigió “a los órganos públicos llamados a investigar y sancionar estas conductas, que deben adoptar decisiones drásticas y eficaces, que permitan recuperar la confianza pública perdida”, a la vez que, enfatizó que “es necesario adoptar políticas que conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez” a fin de lograr una nación donde no existan abusos y en el que “los bienes del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras actuaciones”.