Guatemala no renovó mandato de Comisión contra impunidad de ONU

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

"La Cicig y su titular desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. El secretario de la ONU tiene una profunda preocupación respecto a esta decisión", señaló el organismo internacional a través de un comunicado divulgado este martes.

Las autoridades guatemaltecas, que acusan a Velásquez de atentar contra la seguridad y la paz del país, anunciaron la semana pasada, además, que no renovarían el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, por supuestamente sembrar el terror judicial y llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias. La nota agrega que Guterres "ha pedido" a Velásquez que continúe con su trabajo al frente de la Cicig desde "fuera de Guatemala" hasta que haya "una mayor claridad" en torno a lo sucedido. "El secretario general anima al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo", concluye el comunicado.

Creación de la Cicig

La Cicig fue creada en 2007 por la ONU y el Gobierno de Guatemala y ha destapado grandes casos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015). El Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 contra la corrupción y sus investigaciones han salpicado a miembros cercanos al presidente Jimmy Morales, a su partido y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes se enfrentan a un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.  La decisión de no renovar la Cicig ha abierto una nueva crisis política, pues algunas entidades nacionales e internacionales ven en ella un paso atrás en la lucha contra la corrupción.

Morales y la Cicig tienen una fuerte controversia desde el año pasado, que inició cuando el presidente intentó expulsar del país al abogado colombiano al declararlo non grato, una decisión que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Pero la tensión siguió aumentando con otras decisiones, como retirar a agentes de la seguridad perimetral de la sede de la Comisión, sacar a investigadores y aumentar los engorrosos trámites legales para solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil en los operativos que desarrolla con la Fiscalía. La Cicig y la Fiscalía guatemalteca pidieron además desaforar al mandatario guatemalteco por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.