Amenazado el estado de derecho en Guatemala

Ciudad del Vaticano

Entrevista con Carlos Arrazola, Editor del periódico digital Plaza Pública de Guatemala.

Motivos de preocupación

Tanto la Iglesia Católica como otras instituciones han mostrado su preocupación sobre la decisión del gobierno guatemalteco de poner  fin, de manera unilateral, al convenio con la CICIG y las Naciones Unidas. Las voces que se alzan, coinciden en que no se trata de estar a favor o en contra de la CICIG, se trata de preservar la legalidad con ética política y de recuperar el sentido profundo de lo político como forma de construir una sociedad más justa, pacífica e incluyente.

Corrupción e impunidad

Carlos Arrazola, en este análisis  sobre la crisis política que afronta Guatemala, plantea que deshacerse de la CICIG  no es el objetivo único del presidente Jimmy Morales y sus aliados, pero es un paso indispensable, sí, para avanzar en lo verdaderamente importante: detener la persecución penal por casos de corrupción y restaurar el sistema de impunidad que reinaba hasta antes de abril de 2015.

Para Carlos Arrazola, esta decisión es ilegal y busca perpetuar la impunidad. “Esta lucha tiene que ver con las élites de este país, el sector empresarial, militares, grupos muy conservadores y mafias criminales a los que ha llegado la CICIG, para beneficiarse, enriquecerse y generar impunidad”.

La Corte Constitucional ordenó al Presidente dar marcha atrás en su decisión mediante “el amparo provisional, dejando en suspenso la decisión de las autoridades del Estado de Guatemala”.

CICIG fracturada

A pesar de esta decisión, afirma Arrazola, la realidad es que “la comisión ha sido fracturada”. “Al presidente de la Comisión no se le permite el ingreso al país, y por medidas de seguridad, Naciones Unidas decidió sacar del país a más de una docena de sus principales investigadores, incluso guatemaltecos”.

Arrazola subrayó que con una Comisión fracturada será “muy difícil que vuelva a retomar el ritmo que traía y seguir con las investigaciones. La lucha contra la corrupción queda en manos de la Fiscal Consuelo Porras”. El editor de Plaza Pública manifestó que la fiscal cuenta con muy pocas posibilidades de éxito en su gestión, pues el sistema de justicia también padece la corrupción.

Para él es muy llamativo, que en la actual coyuntura, los partidos políticos, escasamente han expresado sus posiciones sobre la crisis. Expresa los temores sobre una posible represión a la ciudadanía si esta expresa su parecer y apoyo a la CICIG y a las decisiones de la Corte Constitucional.