Guatemala y El Salvador. Ley de Amnistía, posible impunidad de los poderosos

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

Proyecto para Guatemala

La búsqueda de justicia por las atrocidades que el Ejército y la guerrilla cometieron durante el conflicto armado interno (1960-1996), se puede resumir en números muy simples: 20 casos penales de justicia transicional y 15 sentencias. Hechos que el congreso busca desvanecer con una nueva ley. Su intención es que no juzguen más los crímenes de guerra y que todos los condenados por estos hechos salgan de inmediato de prisión (Plaza Pública).

Hacer posible que las masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual lleguen hasta los tribunales no ha sido tarea fácil para las víctimas en Guatemala. El Ministerio Público comenzó a recibir denuncias desde la década de los 80. Sin embargo, fue hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz (29 diciembre de 1996) que se comenzó a perseguir penalmente a los acusados por estos hechos.

Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional es el autor de la polémica propuesta de ley de Reconciliación. El año pasado introdujo la propuesta en el Congreso y se considera que puede ser votada en lo que resta del mes de marzo.

Hay que recalcar que en 1996 el Congreso guatemalteco aprobó una Ley de Reconciliación Nacional, la cual impedía que se cobrara venganza en contra de militares y guerrilleros, que participaron en el conflicto armado por delitos políticos y comunes. La ley dejó por fuera los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la población civil.

La nueva ley, de aprobarse, impediría llevar a juicio hechos sucedidos durante el conflicto armado, y aquellos casos que han sido juzgados y los protagonistas guardan prisión, serían liberados en menos de 24 horas.

Las Naciones Unidas (ONU) , la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional exigieron al Estado guatemalteco no aprobar la ley porque atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Los Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron su oposición a la medida por considerar que favorece la impunidad en hechos en los que se han violado gravemente los derechos humanos.

Caso salvadoreño

Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), abogado, impulsa el proyecto de una ley de Reconciliación Nacional, que permitiría que quedaran impunes los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado que desangró El Salvador entre 1980 y 1992.

Parker es señalado en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre de seis padres jesuitas en 1989 "para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato", cuando era miembro de una "comisión de honor" nombrada por el Gobierno para investigar el caso.

El diputado Parker, presidente de la comisión ad-hoc de la Asamblea Legislativa que estudia la creación de una ley de Reconciliación Nacional, en cumplimiento a sentencia de la Sala de lo Constitucional, renunció a dirigir esta comisión el día de ayer, lunes, por presiones de diversos sectores sociales que lo acusaban de promover la impunidad. Su renuncia no significa, todavía, el fin del proyecto actual de Ley de Reconcililación Nacional.

El Arzobispo de San Salvador sobre la Amnistía

El Arzobispo, recordó, en rueda de prensa el pasado domingo, que una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de julio de 2016, anuló la ley de Amnistía General, decretada en 1993 por el Congreso. Esto permitió reabrir muchos casos por crímenes de guerra.

Además, llamó a los diputados a rechazar el proyecto de ley, que patrocina Parker, y emitir una ley de reconciliación que promueva una verdadera reconciliación, mediante el ejercicio de la justicia transicional que proteja y brinde reparación a las víctimas.

La ONU advierte a la Asamblea Legislativa

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, “advirtió de que el anteproyecto de ley sobre Reconciliación Nacional que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa salvadoreña restablecería a la práctica una “amnistía absoluta e incondicional” para algunas de las serias violaciones de derechos humanos cometidas en El Salvador durante el conflicto armado de 1980 a 1992”.

La funcionaria añadió: “Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”.

En El Salvador y en Guatemala se lucha por limpiar la imagen de instituciones e individuos acusados por graves violaciones a los derechos humanos. En Guatemala, quienes más sufrieron fueron los pueblos indígenas. En El Salvador, los campesinos y los jóvenes. Desde la sociedad civil es una obligación ética acompañar a las víctimas. Porque solo la justicia y la reparación en crímenes del pasado permitirán alcanzar una verdadera reconciliación, paz y democracia, y avanzar en la construcción del Estado de derecho en cada nación.