Nicaragua: Nueva Ley de Amnistía no es totalmente aceptada
Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano
La iniciativa, concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha". Esta amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias. Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata. Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía.
Las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esa Ley.
Rechazo de la Ley de amnistía
La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social. También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales fueron un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que "el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas". "Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones", recalcó la alta Comisionada.
"Más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, cientos de personas que se opusieron al gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas", resumió la responsable en una declaración emitida por su oficina en Ginebra.
El organismo de derechos humanos hizo un seguimiento de la represión de las protestas que empezaron en abril de 2018 y entre los abusos que identificó figuran "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que en algunos casos resultó en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual". Asimismo, determinó que se produjeron "detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales", con el consentimiento de las autoridades.
Gobierno libera a 50 reos "políticos" bajo nueva Ley de Amnistía
El Gobierno liberó este lunes a 50 "presos políticos" bajo la Ley de Amnistía. A través del Ministerio de Gobernación, el Ejecutivo informó que "ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos".
Entre los "presos políticos" liberados este lunes están el periodista Marlon Powell, el estudiante Hanssel Vásquez, el empresario Chester Membreño, el líder autoconvocado Jonathan Lacayo, y la única mujer beneficiada, Karla Matus.
El periodista Marlon Powell Sánchez, considerado como un "preso político", fue liberado ayer, día en que una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) planea visitar el país. Powell, del programa radial "El dedo en la llaga", dijo a periodistas que fue víctima de tortura y malos tratos durante los dos meses que estuvo en prisión.
Powell era uno de tres periodistas presos en Nicaragua por divulgar información que no favorecía al Gobierno del presidente Daniel Ortega, según la oposición. Los otros dos, quienes permanecen en prisión, son el dueño del canal de televisión 100 % Noticias, Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense, capturados el 21 de diciembre pasado.
La SIP llega a Nicaragua
El sábado pasado, la SIP anunció que este lunes llegaría a Nicaragua una delegación encabezada por su presidenta, María Elvira Domínguez, para "abogar por la liberación de los periodistas encarcelados y expresar su solidaridad ante las graves violaciones a las libertades de expresión y de prensa que vienen padeciendo los nicaragüenses".
La SIP también tiene como objetivo pedir la completa resolución del asesinato de periodista Ángel Gahona, ocurrido en abril de 2018, ya que hasta ahora no existe confianza en un fallo del Poder Judicial, que declaró culpables a los jóvenes afrodescendientes Glen Slate y Brandon Lovo. La delegación de la SIP también pretende visitar a Mora y Pineda en sus calabozos, siempre que el Gobierno lo permitiera, así como solicitar que se devuelvan equipos y material periodístico confiscados a empresas periodísticas locales.
Dicha delegación, que se reunirá con representantes civiles, institucionales y organizaciones afines, también está compuesta por Christopher Barnes, José Roberto Dutriz, Michael Greenspon, Gabriela Vivanco, María Eugenia Mohmey y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
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