España. Inicia juicio contra militares acusados por muerte de jesuitas en El Salvador

Ciudad del Vaticano

El juicio dará comienzo a las 15:00 horas de Madrid y será retransmitido en directo, para de esta forma dar cumplimiento -en tiempos de COVID 19- al principio de publicidad y oralidad de los debates de la justicia penal, informa APDHE mediante un comunicado publicado el día 7 de junio en su sitio web.

La apertura del juicio, una buena noticia

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, padre José María Tojeira, ex provincial de los jesuitas centroamericanos ante esta noticia declaró: “La noticia de la apertura del juicio del coronel Montano es una buena noticia para la justicia y refuerza el proceso pendiente en El Salvador contra cinco presuntos autores intelectuales, al igual que Montano, del crimen de los jesuitas y sus dos colaboradoras”.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989

Tojeira, al hacer memoria de lo sucedido aquel 16 de noviembre relata: Cuando a las 6.30 de la mañana del 16 de noviembre de 1989 fuimos a ver los cadáveres de nuestros compañeros y de la que varios años fue cercana colaboradora y su hija, nos dimos cuenta de que se trataba de un operativo militar dirigido desde el Estado Mayor del ejército salvadoreño. Habíamos oído un intenso tiroteo de aproximadamente veinte minutos a las dos de la mañana de ese mismo día, junto con tres o cuatro explosiones muy fuertes. Pensamos que era un enfrentamiento en la calle entre el ejército y la guerrilla. Pero al ver la cantidad de casquillos de balas de diverso calibre dentro de la Universidad, junto con la funda de un “cohete antitanque Law”, disparado contra la vivienda de los jesuitas, no nos quedaron dudas.

Además, previamente, el 11 de noviembre, habíamos escuchado una cadena nacional de radio, dirigida por Mauricio Sandoval, quien entonces trabajaba en la “Inteligencia militar”, y en la que, mediante teléfono abierto, se pedía el asesinato de los jesuitas, así como de Mons. Rivera y Mons. Gregorio Rosa. Si el asesinato no parecía probable cuando escuchamos la cadena radial, los acontecimientos de esa madrugada no nos dejaban dudas de la autoría.

En efecto, el lugar donde mataron a los compañeros estaba en una zona muy vigilada. Quedaba a 250 metros de la Colonia Arce, fuertemente protegida, donde vivían la mayoría de los altos oficiales del ejército. Los cuerpos de nuestros compañeros y las dos mujeres se encontraban a 400 metros del edificio de la “inteligencia militar” y a 700 metros en línea recta del Estado Mayor del ejército (…) Ese mismo día 16 a las 12 del mediodía, el arzobispo de San Salvador, Mons. Arturo Rivera, su auxiliar, el hoy cardenal Gregorio Rosa y el P. José María Tojeira, visitaron al entonces presidente Cristiani para decirle que el ejército había asesinado a los jesuitas y sus dos colaboradoras.

Un mes y medio después del asesinato

El gobierno salvadoreño defendió durante casi un mes la tesis de que la guerrilla era la culpable del múltiple asesinato. Mes y medio después de los hechos, ante muchos señalamientos dentro y fuera del país, aceptó su responsabilidad, “pero redujeron los responsables”, afirma Tojeira.  “Un asesinato masivo que había sido planeado y ordenado desde el Estado Mayor del ejército quedó reducido a un grupo de 9 personas, entre los que figuraban un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados”.

El camino tortuoso para llegar a la verdad

El juicio realizado en El Salvador tuvo muchos momentos de tensión. Los fiscales asignados al caso fueron muy profesionales, sin embargo, a medida avanzaban en la investigación sufrieron amenazas de destitución de parte del Fiscal General de aquel entonces.

El padre Tojeira, en ese contexto insiste en que los fiscales Henry Campos y Sidney Blanco, “Al final fueron forzados a dimitir, y fueron contratados como acusadores particulares por la Compañía de Jesús. El juicio que se desarrolló entre 1989 y 1992, absolvió a los autores materiales del crimen, condenó a los intermediarios de la orden y encubrió a los autores intelectuales, miembros del Estado Mayor y del Alto Mando. La lucha por la verdad continuó, y finalmente, la Comisión de la Verdad, en 1993, dio los nombres de cinco altos oficiales que, en el momento de los hechos, tenían los cargos de Jefe del Estado Mayor del Ejército, viceministros de defensa (dos, uno encargado del Ejército y otro de las Policías, entonces militarizadas. Este último el coronel Montano), el jefe de la brigada militar que controlaba la capital y el jefe de la Fuerza Aérea. Cinco días después del Informe de la Verdad, la Asamblea Legislativa dio una ley de amnistía general que cubría absolutamente todos los delitos cometidos durante la guerra”.

Reapertura del caso

En 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, pidió a El Salvador que reabriera el caso jesuitas por las graves deficiencias que había tenido el juicio que se había iniciado en 1989. La respuesta del Presidente Flores fue afirmar taxativamente que no abrirían el juicio de nuevo.

Los jesuitas en el año 2000 presentaron una denuncia a la Fiscalía General, acusando a los militares mencionados por la Comisión de la Verdad como autores intelectuales, y a dos personas más, el expresidente Cristiani y el exministro de Defensa, general Larios, involucrándolos por omisión de su deber de proteger. Al final, tras una larga espera, la Fiscalía abrió el caso pidiendo el sobreseimiento por amnistía y por prescripción del delito (10 años, en El Salvador para los delitos más graves), a pesar de que los crímenes de lesa humanidad y de guerra son imprescriptibles.

Después de estos intentos de hacer justicia, el siguiente paso fue la apertura del Juicio en España, a petición de algunos familiares de los jesuitas. La Universidad Centroamericana ofreció apoyo con información. Sobre esto, el director del IDHUCA subraya: “Un primer gran logro de quienes llevaban el caso en España fue la extradición del coronel Montano, detenido en Estados Unidos por mentir a las autoridades migratorias. Desde Estados Unidos fue extraditado a España para ser juzgado por el delito de terrorismo con homicidio, referido solamente a los jesuitas de origen español. La apertura del juicio en España fue un paso importante para hacer presión no sólo respecto al caso jesuitas, sino en favor de la revisión de la ley de amnistía, declarada inconstitucional en 2016”.

En 2017, los jesuitas solicitaron ante el juzgado Tercero de Paz de San Salvador, que se reabriera el caso de la autoría intelectual. Tojeira afirmó: “Tras muchas y repetidas apelaciones de la defensa de los militares implicados, el juez decidió declarar nulos los sobreseimientos del año 2000, dando la razón a nuestro alegato de inconstitucionalidad”. La consecuencia de esta decisión fue la petición del juez a la Fiscalía de elaborar un nuevo requerimiento. La defensa de los acusados apeló la decisión del juez y actualmente el procedimiento no ha mostrado avances.

El padre Tojeira afirma que “La insistencia en darle seguimiento al caso durante estos 31 años tiene su razón de ser. El impedir la repetición de hechos como éste. De hecho, en El Salvador se cometieron durante la guerra civil casos mucho más graves que el asesinato de los jesuitas que hasta el momento siguen impunes. Sabedores de que la impunidad no ofrece ninguna garantía de que no se repitan crímenes de lesa humanidad, creemos que todo esfuerzo de llevar a los tribunales a los presuntos autores de estos crímenes contribuye a las garantías de no repetición”.

“Cumplidos treinta años del asesinato de los jesuitas en El Salvador, la APDHE reitera su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en esas causas por la justicia, y defendiendo el ejercicio de la jurisdicción universal en nuestros tribunales”, afirma el comunicado emitido este 7 de junio.

La provincia de Centro América

En un comunicado dado a conocer la mañana del 8 de junio, los jesuitas de Centro América y de la Universidada José Simeón Cañas (UCA) reflexionan y afirman: "Quienes decidieron el asesinato de los jesuitas de la UCA, de Julia Elba y su hija Celina, saben perfectamente que no perpetraron “simples asesinatos”. La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado, en la lógica del terrorismo de Estado, calificado como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Mataron a personas inocentes, personas de bien, que dedicaron su vida a defender a los pobres, a impulsar la justicia social y promover el bien común desde la razón y el conocimiento académico.

Conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a la justicia para la víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y dará paz incluso a los mismos victimarios. Sólo siguiendo este camino podremos decir con el profeta Isaías: “La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre”. Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz ni entre verdad y paz. Al contrario, la paz es el fruto de la verdad y de la justicia". 

Actualizado 8 de junio a las 16:20