Chile. Obispo de Arica exige protección para inmigrantes detenidos por la policía

Alina Tufani – Vatican News

Indignación y rechazo manifestó monseñor Moisés Atisha, Obispo de Arica, tras la retención en el Cuartel de la Policía de Investigaciones de esa ciudad, de 32 personas de nacionalidad venezolana, con el objeto de proceder a su deportación del territorio nacional. La detención se llevó a cabo “sorpresivamente”, el pasado viernes 23 de abril, cuando les fueron confiscados sus documentos y otros objetos "impidiéndoles absolutamente tener comunicación con sus familiares directos y un abogado que los pudiera representar". Además, según explica el prelado, se ignoró que varios detenidos tienen parejas e hijos menores de edad que residen en la ciudad.

"Lo anterior constituye una vulneración grave y violenta de los derechos fundamentales de las personas migrantes", puntualiza el obispo en la declaración publicada en el portal de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH). Por ello, exige que el Estado de Chile respete y proteja la dignidad e integridad física y psíquica de toda persona independiente de su nacionalidad, género, edad y condición migratoria, según lo prescrito por la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por Chile y que se encuentran vigentes.

Venezolanos: el mayor éxodo de la historia de Sudamérica

"No podemos desconocer que las personas afectadas son de nacionalidad venezolana, país fuertemente asolado por la pobreza, hambruna, violencia y vulneración a los derechos fundamentales”. Monseñor Atisha recuerda además que “estamos frente a uno de los mayores éxodos vividos en la historia de Sudamérica, afectando intensamente a toda la región".

En este contexto, el obispo de Arica reivindica “el derecho de toda persona a vivir con dignidad y a buscar los medios para su subsistencia de forma lícita y legitima. En este contexto, exhorta al Estado de Chile a buscar "medidas de cooperación internacional que permitan encontrar una solución integral en la vida de las personas de nacionalidad venezolana que han deseado convertir a nuestro país en su nuevo hogar”

Justo proceso y garantías jurídicas

En nombre de la Iglesia, el prelado chileno pide las autoridades que “resguarden los principios de la unidad de la familia y de la infancia, asegurando que “ninguna sanción infringida en contra de los afectados vulnere aspectos tan fundamentales de nuestra sociedad". Luego solicita, que las personas migrantes retenidas puedan obtener las garantías de un justo y racional procedimiento y se les permita tener acceso a una representación jurídica. "Impedírselos es una acción arbitraria e ilegal", reitera el prelado

La nota recuerda además que la Nueva Ley de Migraciones permite que las personas que hayan ingresado por "pasos no habilitados" puedan salir voluntariamente en un plazo de 180 días contados desde el 20 de abril del presente, día de la publicación de la ley. "Resulta igualmente arbitrario materializar esta deportación en estos momentos, mientras existe un plazo para poder ejercer dicho beneficio legal”, afirma monseñor Atisha, al asegurar que “este comportamiento convierte a la Nueva Ley en letra muerta".