Nicaragua: Impuestos a las limosnas y donaciones de la Iglesia

Giancarlo La Vella - Ciudad del Vaticano

El gobierno de Managua está extendiendo el control público sobre todas las actividades en Nicaragua, especialmente las religiosas. Tras las detenciones de obispos y sacerdotes, las expulsiones de curas y monjas, la cancelación de 1.500 ONG, muchas de ellas católicas, y la absorción de sus bienes, ahora llega la imposición de impuestos sobre aquellos ingresos que normalmente permiten a parroquias, escuelas y otras instituciones llevar a cabo importantes iniciativas en los campos educativo, humanitario y religioso: los donativos de los fieles.

Cambios radicales para la Iglesia

Se ha derogado un artículo de la ley que garantizaba la protección fiscal de las instituciones religiosas limitando el pago del impuesto sobre la renta y el de actividades económicas. En su lugar, todas las Iglesias de cualquier confesión estarán ahora sujetas a un régimen fiscal similar al del sector empresarial privado que hace del beneficio legítimo el objeto de su actividad. Las ofrendas, limosnas y donaciones de los fieles estarán, por tanto, sujetas al impuesto sobre la renta a tipos de entre el 10% y el 30%. Se estima que la eliminación de las exenciones fiscales podría tener graves repercusiones en la capacidad de financiar iniciativas y provocar la transformación de las estructuras administrativas con la asunción de nuevas obligaciones institucionales, como, por ejemplo, el establecimiento de oficinas de auditoría dirigidas por contables públicos certificados.

La preocupación de la ONU

El control público absoluto de todas las actividades asociativas, económicas o no, se está llevando a cabo en Nicaragua bajo la atenta mirada de la comunidad internacional. En concreto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su «profunda preocupación» por el reciente cierre de más de 1.500 ONG, entre ellas «al menos 700 religiosas». Así se recoge en un comunicado del organismo de la ONU, en el que se afirma que la iniciativa del gobierno «atenta de hecho contra la libertad de religión y la libertad de asociación». En concreto, pide que se «garanticen y protejan las libertades fundamentales» del individuo.