Juicio por el edificio de Londres: la defensa reclama la nulidad

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

La nueva cita ya está fijada para mañana por la mañana y será un momento crucial para el llamado "juicio del edificio de Londres", el procedimiento judicial por los negocios ilícitos realizados con los fondos de la Secretaría de Estado. A las 9.30 horas, el presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone, leerá la resolución para establecer la nulidad o no del decreto de citación a juicio y, por tanto, la anulación de todo el proceso, que hoy ha llegado a su segunda audiencia de algo más de dos horas.

Omisión de la presentación de las actas

"Nulidad" fue la palabra recurrente en las intervenciones de los abogados defensores, que objetaron la anulación "por falta de presentación de las actas" del decreto de citación de los diez acusados. Entre ellos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu y monseñor Mauro Carlino, los únicos presentes en el aula. En particular, los abogados impugnaron el hecho de que los Promotores de Justicia se hayan negado, por razones de privacidad, a cumplir con la obligación del Tribunal de depositar el material faltante antes del 10 de agosto, comenzando por las grabaciones de video y audio realizadas por Monseñor Alberto Perlasca, responsable de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado hasta 2019, de las que por el momento sólo queda un informe resumido.

Estancamiento jurídico

El monseñor de Como, a quien se le registraron sus documentos y ordenadores en febrero de 2020, estaba inicialmente entre los investigados. El año pasado fue interrogado cinco veces por el Promotor de Justicia, las tres últimas como persona con información sobre los hechos. Tras el primer interrogatorio del 29 de abril, Perlasca compareció voluntariamente el 31 de agosto sin su abogada Rita Claudia Baffioni, quien, en un tercer interrogatorio en septiembre, objetó la nulidad de lo que había declarado anteriormente su asistido. El 17 de septiembre, Perlasca revocó el nombramiento de la abogada. Los abogados, considerando las declaraciones de Perlasca como la "prueba reina", dijeron que hasta que no pudieran ver el material seguirían oponiéndose. El riesgo es que se produzca un "estancamiento jurídico". Pignatone se tomó su tiempo y aplazó hasta mañana la lectura de la resolución que "disolverá la maxi-reserva guardada hasta este momento".

Restitución de actas

La audiencia se abrió con una petición del promotor de justicia adjunto, Alessandro Diddi, que él mismo definió "sorprendente", a saber, la devolución de las actas del juicio (más de 29.000 documentos) a la Oficina del Promotor. Esto significaría reiniciar el juicio desde cero con nuevos interrogatorios. Según Diddi, sería una forma de "satisfacer" las necesidades de algunos abogados y un "testimonio concreto de que no se quieren pisotear los derechos de la defensa".

Pruebas "falsas" y ataques al Tribunal

El promotor también habló de "ataques violentos a esta Oficina y al Tribunal" por parte de algunos medios de comunicación, según los cuales "hay una sentencia de condena ya escrita". "Esta no es una actitud correcta, son forzamientos para socavar la imparcialidad de los jueces". En cuanto a las supuestas "pruebas falsas" infiltradas en las actas, siempre según algunos medios de información, el promotor dijo: "Este juicio está naciendo como un montaje de polémicas fuera de las líneas. Dígannos en qué consisten esas pruebas falsas porque queremos investigar a los que las fabricaron". La respuesta de Pignatone no se hizo esperar: "Todo lo que se cita en las polémicas periodísticas es irrelevante para este Tribunal, lo que cuenta es lo que está en las actas. Sobre todo, cuando logremos la empresa de tener la completitud de las actas". 

APSA como demandante civil

Al tomar la palabra los abogados de los demandantes civiles (Secretaría de Estado, APSA, IOR) se mostraron de acuerdo con la petición del Promotor de Justicia. En particular, el profesor Giovanni Maria Flick, ex presidente del Tribunal Constitucional italiano, al que la APSA otorgó el mandato el 7 de septiembre, habló de tres objetivos: "Colaboración con el Tribunal, defensa de los derechos debidos a la APSA, respeto estricto de todos los derechos de defensa". La incorporación de la APSA como demandante civil fue contestada por el abogado Luigi Panella, defensor de Enrico Crasso, con el argumento de que podría "duplicar" las demandas por daños y perjuicios ya presentadas por la Secretaría de Estado.

Garantía de devolución

Tanto Panella como el resto de abogados definieron entonces como "inadmisible", "improcedente" o " no retractable" la petición de los Promotores de Justicia de devolver las actas. De "garantía de devolución" habló, en cambio, el abogado Roberto Borgogno, que defiende al ex director de la AIF, Tommaso Di Ruzza, diciendo estar "sorprendido" por la actitud del Promotor de Justicia por el hecho que Di Ruzza "fue objeto de medidas severas"(embargos y suspensión del cargo), que tuvieron un efecto "devastador" en su vida profesional y personal.

Respuesta del promotor de justicia

Al final de las dos horas de audiencia, el promotor Diddi respondió, punto por punto, a las acusaciones de los defensores, a los que invitó a mantener una actitud "serena" por parte de Pignatone. "Nadie quiere privarles de nada. No hemos dicho que no queramos dar los vídeos, sino que hemos pedido la posibilidad de proteger la confidencialidad de terceros", dijo en referencia al interrogatorio de Perlasca. Pignatone señaló que, sin embargo, la defensa debe disponer de toda la documentación. Se habla de más de 300 DVD con un coste de casi 371.000 euros: "No es fácil", replicó el fiscal adjunto. Por ello, la fiscalía hizo una selección de material realmente relevante para el juicio. Pero tales datos debieron ser excluidos antes de la citación en juicio, respondió Pignatone. Diddi admitió que se trató de un error.