Proceso Vaticano, abogado Shina: amenazas de Torzi a la Secretaría de Estado

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

"Amenazas" veladas o más explícitas, hipótesis de venta de un edificio en perjuicio de la Santa Sede, que era su propietaria, falta de diligencia debida, cambios de administración. Fue una "combinación" de situaciones, las puestas en marcha por el intermediario Gianluigi Torzi, las que crearon un "cuadro preocupante" durante las negociaciones con la Secretaría de Estado para la operación del palacio de Londres. O más bien "un cuadro psicológico de tensión nerviosa". Así lo ha declarado este miércoles 29 de marzo, durante la quincuagésimo tercera audiencia del juicio por la gestión de los fondos de la Santa Sede, Shantanu Shina, abogado de origen indio nacionalizado londinense, llamado a declarar en la sala de los Museos Vaticanos.

Negociaciones 

En aquel momento director de la sección Corporate del conocido bufete Mishcon de Reya, que asistió a la Santa Sede en sus negociaciones con el corredor demandado en el actual proceso, Shina recorrió las etapas de las negociaciones en noviembre-diciembre de 2018, cuando la Secretaría de Estado, propietaria de facto del inmueble de Sloane Avenue con 30 mil acciones sin derecho a voto, quiso salir del fondo Gutt de Torzi para recuperar el control total del edificio, que Torzi, en cambio, retuvo con las ya tristemente célebres "mil acciones con derecho a voto" establecidas por un Framework Agreement firmado en Londres por representantes de la Secretaría de Estado, sin -al parecer- autorización de los superiores.

Recuperar el control del palacio de Londres

"Quien tenía acciones, tenía poder", asegura el abogado, que explica que, efectivamente, el 17 de diciembre de 2018 el arquitecto Luciano Capaldo presentó unos documentos para que se aprobara una resolución que modificara los derechos de voto en el Gutt para que todas las decisiones se tomaran por unanimidad. En una reunión celebrada unos días después en Milán, la propuesta había sido presentada al propio Torzi: "La sugerencia del bufete era hacer revisar el documento por un bufete con sede en Luxemburgo y añadir la resolución" para que la Secretaría de Estado recuperara su titularidad.

La posibilidad de vías legales

Inicialmente, se pensó que la estructura de mil acciones de Torzi había sido "insertada por error". Pero la negativa del broker al cambio de acciones y su petición de una indemnización por despido de 20 millones (que luego se convirtieron en 15, pagados meses después en dos tramos y fruto -según la acusación- de una extorsión), dejaron claro que "la situación no era errónea, sino intencionada", según el testigo. La estrategia sugerida por Mishcon de Reya era emprender acciones legales contra Gutt y Torzi por "fraude, estafa y engaño". En lugar de ello, se prefirió negociar, valorando los riesgos para la confidencialidad y el tiempo necesario para iniciar el juicio, que era demasiado largo teniendo en cuenta que -según el informe de Shina- existía un serio temor de que Torzi, tras haber destituido al único representante de la Santa Sede, Fabrizio Tirabassi (imputado), del consejo de administración de Gutt, vendiera también el edificio londinense.

Correos electrónicos en las actas

En este sentido, el testigo depositó en las actas dos correos electrónicos de marzo y abril de 2019 (fase viva de las negociaciones), en los que la consultora Bird & Bird, que asistía a Torzi, exigía que la operación solicitada por el bróker se firmara en 2-3 días o incluso en un día, porque se estaban tramitando "decisiones fundamentales", entre ellas sobre el "posible cambio de titularidad del inmueble". ¿Cómo se deducía que se estaba hablando de una venta? "No se preveía un cambio de propiedad para nosotros", explicó el testigo, "aunque no tuviéramos derecho a voto, la Secretaría de Estado era la propietaria a todos los efectos. Ventilar un cambio significaba precisamente eso". De ahí la sospecha de "amenazas" por parte de Torzi para solicitar el pago de la cuota para salirse del trato. 

Ordenanza

Al final de la vista, el presidente del Tribunal vaticano, Giuseppe Pignatone, leyó una ordenanza sobre la cuestión de la 'negativa' a declarar el pasado 8 de marzo por 'evasión de garantías' de Don Mario Curzu, director de Cáritas de Ozieri en Cerdeña, y Antonino Becciu, hermano del cardenal (imputado), investigados a su vez por la Fiscalía de Sassari, en relación con las actividades de la Diócesis, Cáritas y la Cooperativa Spes. En el auto de hoy, Pignatone reitera una vez más que "existen todas las garantías para un juicio justo" y establece que ambos deberán, por tanto, presentarse irrevocablemente ante el tribunal el 19 de abril, también posiblemente para manifestar su derecho a no responder.