Obispos de Panamá: “El niño no nacido es una persona con derecho a identidad”

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

En un comunicado, los obispos de Panamá apoyan un proyecto de ley que permite a los padres de niños no nacidos, fallecidos en el vientre materno, que los registren en el Registro Civil.

En un comunicado, afirman que, en distintas oportunidades, la Iglesia Católica ha defendido los derechos que tiene la persona desde el momento de su concepción hasta la muerte natural de la persona. En el Código de la Familia esto es reconocido en el Artículo No. 484 que regula los derechos y garantías del menor, al definir al menor como: “todo ser humano desde su concepción hasta la edad de dieciocho (18) años.

Un proyecto de ley enpro de bebés no nacidos

Ante el debate generado por el proyecto de ley No 18 sobre “la Identidad del Niño fallecido en el vientre materno”, propuesto por la diputada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Corina Cano, la Iglesia Católica afirma que “el niño no nacido es una persona que tiene el derecho a tener una identidad. No podemos descartarlo como si nunca hubiese sido concebido. Para sus padres existió y así debe quedar consignado al darle un reconocimiento oficial”.

Según informa el diario local  La Prensa, con esta ley se crearía "un libro de defunciones de personas concebidas no nacidas" a nivel nacional y se modificaría el artículo 60 del Registro Civil referido a las defunciones, para incluir "las que ocurran en el vientre materno cualquiera sea la causa de la muerte, edad gestacional o peso que tuviera al momento del fallecimiento". En el proyecto de ley también se indica que la inscripción se realizaría dentro de las 72 horas de ocurrido el fallecimiento.

Designación magistrados: un proceso independiente de intereses 

Ante la próxima designación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Iglesia Católica señala que ésta debe estar caracterizada por un “proceso independiente de intereses políticos, partidistas e individuales, ante la fragilidad institucional y la débil confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.

El 2 de septiembre se lanzó la convocatoria pública para el nombramiento de tres magistrados principales y seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como había indicado el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Esta convocatoria busca llenar la vacante por período vencido en la Sala Segunda de lo Penal, y dos vacantes a partir del 31 de diciembre de 2019 para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral; y en la Sala Segunda de lo Penal.

En el nombramiento de los magistrados, indicaron los prelados, “debe considerarse aspectos como: la solvencia moral y prestigio; la experiencia jurídica y la preparación académica; la proyección social e investigación científica; así como la participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia”.