Obispos: "Que el gobierno intervenga en conflicto de San Mateo del Mar"

Ana Ponce-Ciudad del Vaticano

Monseñor Crispín Ojeda Martínez, Obispo de la Diócesis de Tehuantepéc, y Monseñor Arturo Lona Reyes, Obispo Emérito y Presidente del Centro de Derechos Humanos "Tepeyac", en un comunicado difundido en el sitio web del Episcopado, pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que intervinieran en el conflicto social y político de la comunidad indígena Ikot tras el asesinato de 15 personas en San Mateo del Mar.

Los prelados subrayaron en el texto cómo, en esta comunidad, "la atávica y actual falta de interés a todos los niveles de gobierno ha dado lugar a una grave violación de los derechos humanos: el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal, el desarrollo, el pleno acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y la paz".

Las medidas adoptadas por el gobierno federal y estatal hasta la fecha no han impedido la generación de violencia, a pesar de que los habitantes de San Mateo del Mar viven en "riesgo de vida, seguridad y paz". Está viviendo “un proceso de paz interrumpido".

 Los obispos señalan que el 3 de mayo fue asesinado un agente municipal de Huaztlán del Río y que "desde esa fecha no se ha buscado justicia". Además, el domingo pasado, tras la convocatoria a una asamblea en la comunidad, algunas "personas residentes en la cabecera municipal fueron atacadas por un grupo armado" y "posteriormente en la ciudad de Huaztlán del Río se produjeron actos de violencia" y "al menos 15 personas murieron y otras resultaron heridas", sin recibir apoyo de la policía.

En su calidad de defensores de los derechos humanos, los obispos expresaron su preocupación por la violencia presente en la comunidad indígena de San Mateo del Mar, pero sobre todo por el hecho de que pueda haber actores ajenos a ella que fomenten esta violencia. Instaron al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a que garantizaran las medidas de apoyo y asistencia previstas en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca a los familiares de los fallecidos; a que prestaran asistencia médica a los heridos en clínicas especializadas; a que asistieran a los niños y adolescentes huérfanos mediante asistencia psicológica y médica.

En el caso de las mujeres víctimas de la violencia, los obispos solicitaron un tratamiento diferenciado de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Por último, pidieron que las investigaciones penales y administrativas se llevaran a cabo de manera adecuada, para que los hechos ocurridos no quedaran impunes; y que se iniciara un proceso de paz y reconciliación para garantizar la paz interna en la comunidad y las poblaciones vecinas.