Obispos Filipinos: Ley antiterrorista, “grave amenaza a las libertades fundamentales”

Anna Poce – Ciudad del Vaticano

La Conferencia Episcopal Filipina (CBCP) publicó el 18 de julio en los medios de comunicación social una carta pastoral, firmada por el presidente del Episcopado, Monseñor Pablo Virgilio David, en la que condenó las recientes iniciativas del gobierno que, según dijo, amenazan la libertad de las personas: la nueva ley antiterrorista y el cierre del canal ABS-CBN, la estación de televisión más antigua del sudeste asiático y la mayor emisora de Filipinas.

Peligro de la ley antiterrorista

El presidente Duterte firmó la ley antiterrorista, que entró en vigor en la última semana de junio, causando gran preocupación entre los expertos jurídicos y las organizaciones de derechos humanos, que temen que pueda servir para perseguir el activismo político sobre la base de sospechas de terrorismo. Además de ampliar el período de detención sin cargos de 3 a 24 días, la ley amplía la gama de delitos que pueden considerarse actos terroristas e incluye la incitación al terrorismo, categoría que podría utilizarse para castigar cualquier manifestación contra el gobierno.

En una situación similar a la de Hong Kong

En la carta, traducida a varios idiomas regionales (Tagalog, Ilocano, Ilonggo y Bisaya) y leída en las iglesias de toda Filipinas, los obispos citan una carta recibida hace unos días del cardenal de Myanmar, Charles Maung Bo, en la que, según informan, el cardenal hace “una ardiente petición de oraciones por Hong Kong”.

En efecto, en Hong Kong, se firmó “una nueva ley de seguridad nacional”, que representa una amenaza a las libertades y derechos fundamentales del pueblo de la región. “¿Por qué esto nos suena extrañamente familiar a los filipinos?”, añaden los prelados. “Porque estamos en una situación similar” y “como ellos, nos preocupa la reciente entrada en vigor de la ley antiterrorista”.

La ley, utilizada como arma para suprimir la oposición legítima

Los legisladores aprobaron esta ley, continúa la carta, mientras que Filipinas se centraba en la pandemia del coronavirus y “parecía como si no les importara que muchas de las personas a las que representan estuvieran en contra: las asociaciones de abogados, la academia, el sector empresarial, los grupos de trabajo, las organizaciones juveniles, las ONG, los movimientos políticos, las comunidades religiosas e incluso el gobierno de Bangsamoro”. Las fuertes voces disidentes, por lo tanto, no fueron escuchadas y la presión política desde arriba “pesaba más que las voces de abajo”.

Expresando una gran preocupación por la grave amenaza que la nueva ley supone para las libertades fundamentales de todos los filipinos, los obispos confesaron cómo el cierre de la mayor red de televisión del país, ABS-CBN, tuvo “un efecto escalofriante sobre ellos después de que se denegara la renovación de su franquicia”. “¿No está claro para nosotros cómo este modelo de intimidación crea una atmósfera perjudicial para la libertad de expresión en nuestro país?”

“La ley - concluyeron -ha sido utilizada demasiadas veces como arma para suprimir la disidencia y la oposición legítimas, no podemos sino compartir las ansiedades expresadas por los abogados y los ciudadanos comunes que han presentado peticiones al Tribunal Supremo contra esta ley infame”.