Suiza. Comisión de Justicia y Paz: no a la exportación de armas a países en guerra

Lisa Zengarini - Ciudad del Vaticano

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Suiza (CES) se opone a la expansión de las exportaciones de armas desde Suiza y, por lo tanto, apoya la "Korrektur", la iniciativa de rectificación "contra las exportaciones de armas a países en guerra civil", promovida en 2018 por una coalición de partidos, asociaciones y organizaciones religiosas, entre las que se encuentra la Conferencia Episcopal Suiza (CES).

En la actualidad es el Consejo Federal, el poder ejecutivo de la Confederación, el único órgano competente para decidir sobre las exportaciones de armas mediante ordenanza. A lo largo de los años, ha ido flexibilizando paulatinamente las normas introducidas en 2008 sobre la exportación de material de guerra desde Suiza a los países en guerra. La última enmienda data de 2018, cuando, a petición de la industria armamentística, flexibilizó aún más la prohibición de la adquisición de armas a países en guerra civil, con la única limitación de la existencia de "fuertes dudas sobre si el material en cuestión se utiliza, dadas sus características, en el conflicto".

De ahí la "Iniciativa de rectificación", apoyada también por Justicia y Paz, que quiere que las exportaciones de armas ya no estén reguladas por ordenanzas gubernamentales, sino por la Constitución y las leyes. Esto permitiría al Parlamento y a los ciudadanos (por referéndum) expresar su opinión y garantizaría una mayor transparencia.

 "La Comisión de Justicia y Paz está convencida de que las armas y las guerras no hacen que el mundo sea más justo ni más pacífico y que monopolizan los recursos que faltan para construir un mundo más pacífico y justo. Esto también se aplica a la exportación de material de guerra y tecnología de seguridad", dice una nota publicada el 2 de julio. Por eso apoya la iniciativa popular federal que, según dice, "responde mejor a nuestras preocupaciones".

Según Justicia y Paz, la contrapropuesta presentada en marzo pasado por el Ejecutivo mantiene de hecho el status quo que la Iglesia no comparte. "No son ni el beneficio económico ni la salvaguarda de la ocupación los que deben prevalecer en una evaluación ética de la exportación de material bélico”. “El principal criterio ético debe ser el bienestar de todos", concluye la nota.