América Latina. Llamamiento de la Red Iglesias y Minería a ratificar el Acuerdo de Escazú

Tiziana Campisi – Vatican News

Iglesias y Minería, la red ecuménica de comunidades cristianas, equipos de pastoral, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicos, obispos y sacerdotes atentos a los impactos y violaciones de los derechos sociales y ambientales de las actividades mineras, insta a los gobiernos latinoamericanos que aún no lo han hecho a que ratifiquen el Acuerdo de Escazú sobre justicia ambiental. El Tratado del 4 de marzo de 2018 "tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, así como garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible". Debe ser ratificada por al menos 11 países para entrar en vigor el 26 de septiembre, pero hasta ahora sólo lo han hecho 9 (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas y Uruguay).

Impunidad de los delitos ambientales

"La minería, esparcida por todo el mundo, está debilitando a los Estados en sus capacidades de garantizar la vida de las personas, ya que al amparo de políticos y funcionarios corruptos han modificado las normas, leyes e instituciones para favorecer sus negocios y ganancias", dijo Iglesias y Minería en un comunicado, señalando que de esta manera los delitos ambientales quedan impunes, como ocurrió en Brumadinho y Mariana, Brasil. La red ecuménica también hace referencia el reciente informe de la organización Global Witness, en el que se evidencia que la minería es la actividad que ha generado el mayor número de delitos ambientales en el mundo y se señala que los gobiernos deben reforzar los sistemas de control, los órganos judiciales y el derecho de los pueblos a decidir su presente y su futuro, aceptando o rechazando los proyectos mineros en sus territorios.

Acuerdo de Escazú

Frente a esto, Iglesias y Minería cree que son alentadores el Sínodo para la Amazonía y la posterior difusión de la exhortación del Papa Francisco "Querida Amazonía", en cuyas declaraciones finales, los proyectos que destruyen la Casa Común son definidos como "un crimen" y "un pecado ecológico", que por lo tanto deben ser juzgados como tales por la sociedad y la Iglesia. Pero la red ecuménica subraya la importancia del Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a: reconocer la existencia de los defensores y defensoras ambientales y a tomar todas las medidas necesarias para proteger sus vidas, su aporte a la sociedad y a la humanidad; garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales; garantizar la justicia ambiental; permitir el acceso a la información pública sobre cuestiones ambientales, en un lenguaje comprensible para las comunidades que puedan verse afectadas o que sean víctimas de las actividades mineras, a fin de que se conozcan los efectos ambientales de los proyectos mineros. "Instamos a los restantes gobiernos latinoamericanos -concluye Iglesias y Minería- a que ratifiquen el acuerdo de Escazú para detener (...) la minería que está llevando al planeta al borde del colapso".