Obispos de Costa Rica condenan atención selectiva de pacientes de Covid-19

Alina Tufani-Ciudad del Vaticano

La Conferencia episcopal de Costa Rica (CECR) envian a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) una especie de vademécum sobre moral bioética y cristiana, y derechos y deberes constitucionales para iluminar los criterios de atención de los pacientes de Covid-19, cuyas vidas se ven amenazadas ante la posible introducción de un “Protocolo de acatamiento obligatorio” que delimitaría la atención médica a ciertos casos.

“Toda vida humana merece ser cuidada y salvada” se titula el documento donde el episcopado cuestiona la aplicación reglas en una materia tan delicada y compleja  desde el punto de vista moral y deontológico. "Para algunos, la atención a enfermos graves y críticos en situaciones extremas de limitación de recursos, pasaría por la selección de los pacientes a los que se atenderá antes que a los demás, a pesar de que no sean los más gravemente afectados, sino los más recuperables” advierten los obispos.

Costa Rica vive una segunda ola de contagio

Costa Rica vive una segunda ola pandémica que amenaza a la población, con el potencial peligro del colapso de los sistemas de salud, sobre todo, por la escasez de ofertas de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, la falta de ventiladores, equipos de protección personal y medicamentos. Según las autoridades son cerca de 39.500 los casos positivos confirmados desde el comienzo de la pandemia, más de 14.600 las personas recuperadas y 407 las personas fallecidas. Actualmente, hay 411 personas hospitalizadas de forma simultánea, de las cuales unas 140 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

En este contexto y bajo la premisa que “el centro de toda la atención y ética médica es y será siempre la persona, el ser humano, creado en dignidad a imagen y semejanza de Dios”, la CECR en 14 puntos comparte algunos criterios necesarios para la toma decisiones que comprometan la vida de los pacientes.

No se puede abandonar a ningún paciente que necesite cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia”, dice el documento que recuerda que el sistema sanitario costarricense fue creado y mantenido en el tiempo para brindar una atención médica necesaria, generalizada y no excluyente.

La CECR subraya que el criterio para la atención médica debe estar basado en las probabilidades objetivas de supervivencia de cada paciente y en el mayor y mejor consenso científico disponible, pero no sobre la base de diferenciaciones o en detrimento del paciente según las posibilidades de atención sanitarias disponibles o por su estado de salud "sea cual sea" Y advierten: “No pueden ser criterios de priorización, ni el orden de llegada a los servicios de urgencias hospitalarias, ni la edad de los pacientes, ni su sexo, ni su status social o económico, ni su grupo étnico, ni su credo, ni el costo del tratamiento, ni el estado en que se encuentre”.

Si bien, el documento reconoce que no en todas las situaciones clínicas de gravedad avanzada y con carácter irreversible se debe proceder al ingreso hospitalario, insiste en que siempre se debe considerar la atención humanitaria paliativa. “El establecimiento de expectativas de vida a corto plazo es aceptable, incluso para no caer en el encarnizamiento terapéutico, aunque es claro que definir limites a mediano plazo constituye una toma de decisión muy arriesgada que se debe realizar con carácter extremadamente excepcional”, aclaran.

Ninguna persona debe ser excluida de la atención médica

El episcopado recuerda los criterios constitucionales que exigen que ninguna persona quede excluida bajo, ninguna circunstancia, de la atención médica y que prevalezca siempre el bien y el valor supremo de Ia persona y de su vida. También se suman a la declaración de la Sala Constitucional de Costa Rica según la cual “nada ni nadie puede autorizar la muerte de ningún ser humano” ya sea por acción, o por omisión. Y añaden: “Ninguna autoridad puede legítimamente imponer la eutanasia ni activa ni pasiva, ni permitirla, pues sería una ofensa a la dignidad del ser humano, un crimen contra la vida y un atentado contra toda la humanidad”.

La declaración de la CECR concluye con un llamado a la solidaridad, a la compasión y al supremo principio del bien común para que en el respeto absoluto de la dignidad humana el país pueda superar la grave y dolorosa situación creada por el Covid-19.