Iglesia rechaza deportación de Trinidad y Tobago contra niños venezolanos

Alina Tufani - Ciudad del Vaticano

Ya están nuevamente en la isla caribeña junto a sus padres, los 16 niños venezolanos que el pasado 23 de noviembre fueron deportados y echados nuevamente al mar, en dos embarcaciones precarias, con otros 13 adultos, en su mayoría mujeres, que días antes habían alcanzado las costas de Trinidad y Tobago, en un intento desesperado por salir de la crítica situación humanitaria que vive Venezuela. Detenidos en la costa y luego de una breve reclusión, un Tribunal de menor instancia, decidió la deportación sumaria que fue ejecutada sin garantizar las mínimas condiciones de seguridad, exponiendo la vida de los menores y de las mujeres que los acompañaban. Nuevamente en el mar navegando por 48 horas, a la deriva, sin alimentos, sin abrigo y en difíciles condiciones meteorológicas, los deportados fueron rescatados y retornados a la isla luego de que las autoridades trinitarias dieran marcha atrás en su decisión.  

Ante los atropellos institucionales sufridos por estos migrantes y la deportación ilegal de niños y mujeres en Trinidad y Tobago, la Red CLAMOR Venezuela y la Comisión de Justicia y Paz, instancias de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), difundió un enérgico comunicado en rechazo de esa flagrante violación de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vinculantes para la República de Trinidad y Tobago, las cuales establecen, entre otros, pactos civiles y políticos, estatutos del refugiado, principios de no devolución, unidad familiar y derechos de los niños.

La Iglesia venezolana, tras explicar en detalle los hechos, cuestiona las conductas del gobierno trinitario contra los solicitantes de asilo y migrantes provenientes de Venezuela, en particular los niños y adolescentes, y además recuerda que son inadmisibles las deportaciones colectivas o sumarias.

“Dejamos sentada ante la comunidad internacional una clara posición de repudio a los referidos actos, y ratificamos el apoyo a estos niños y sus familias, manteniendo contacto con nuestra Diócesis Carúpano y de Trinidad y Tobago, para exigir al gobierno de ese país cumpla con los convenios internacionales, a favor de nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en su territorio”, enfatiza la declaración.

El comunicado a firma del cardenal Baltazar Porras, presidente de Caritas de Venezuela, monseñor Roberto Luckert, presidente de la Comisión de Justicia de Justicia y Paz y monseñor Jaime Villarroel, obispo de la Diócesis de Carúpano - lugar de proveniencia de los migrantes- , también manifestaron su preocupación por “las declaraciones de las autoridades trinitarias al calificar el éxodo venezolano como ‘indeseable’ y la promoción de conductas que institucionalmente menosprecian la dignidad de la persona humana y marcan un cruel modelo de comportamiento en el que pueden prosperar atropellos y violaciones, como los ya suscitados en el territorio de Trinidad y Tobago”.

Los obispos venezolanos expresan además su repudio a la utilización “como blanco de confrontación política” a la población civil que “ya de por sí sufre los efectos de una Emergencia Humanitaria Compleja y agravada por los estragos sanitarios y sociales de la pandemia de Covid 19”.

En efecto, el pasado miércoles, el primer ministro de Trinidad y Tobago,  Keith Rowley, a raíz de las críticas provenientes de diversos países y organismos internacionales por las acciones de su gobierno contra los migrantes y refugiados venezolanos, emitió un polémico comunicado  en el que considera que su país se encuentra “bajo asalto”, acusa  a la Organización de Estados Americanos (OEA) de ser “responsable de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana” y que se ha “declarado la guerra a Trinidad y Tobago” por no apoyar a quienes quieren “forzar” un cambio político en Venezuela.

El comunicado de la CEV concluye citando las palabras del Papa Francisco, en su encíclicas “Fratelli tutti” en comunión con la Doctrina Social de la Iglesia: “Nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar”.