Protestas contra los cristianos de la India injustamente acusados
Vatican News
El periódico de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, da noticia de las protestas y acciones legales a raíz de una campaña de exclusión de las prestaciones reservadas a los grupos desfavorecidos de las tribus convertidas al cristianismo, lanzada por algunos grupos extremistas hindúes en el Estado de Madhya Pradesh. La Constitución de la India prevé una serie de facilidades económicas, educativas y sociales para los “dalits” o “intocables” (conocidos como "parias") y los tribales (“adivasi”), con cupos reservados en los puestos de trabajo y en el sector público con el fin de promoverlos socialmente.
Los cristianos y musulmanes siguen excluidos
Reservados por una ley de 1950 sólo para los hindúes, estos beneficios se extendieron posteriormente a los budistas y los sijs, mientras los cristianos y los musulmanes siguen estando excluidos, con el pretexto de que no reconocen el sistema de castas de la India, que, además, fue formalmente abolido.
Los hindúes también acusan a los misioneros cristianos
Estos beneficios del Estado se proporcionan, en cambio, a todas las poblaciones tribales, incluso si se convierten al cristianismo, pero según los nacionalistas hindúes deben ser excluidos. Esta es la petición hecha al Primer Ministro por un grupo de manifestantes que acusan a las tribus cristianas de "usurpar" tales ventajas en detrimento de otros ciudadanos hindúes. Durante una manifestación, los hindúes también acusaron a los misioneros cristianos de convertir fraudulentamente a los “dalits” y a los indios.
La Iglesia local está estudiando acciones legales
Según el Padre Rocky Shah, portavoz de la Diócesis de Jhabua, la nueva campaña forma parte de una estrategia más amplia destinada a:
Por esta razón, la Iglesia local está estudiando acciones legales contra "aquellos que instigan el odio sectario en nombre de la religión". Desde hace algún tiempo, los “dalits” cristianos y musulmanes han pedido que se enmiende la ley de 1950 que los excluye de los beneficios del Estado, violando los principios de igualdad y libertad religiosa consagrados en la Constitución.
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