Bolivia. Iglesia se suma a reclamo contra prórroga del Censo

Alina Tufani - Ciudad del Vaticano

“Las instituciones y representantes de la sociedad civil boliviana que firmamos este pronunciamiento demandamos que no se postergue el censo, más ahora que estamos en un escenario nacional que exige respuestas urgentes y oportunas con políticas de salud, educación, empleo, vivienda, medio ambiente, justa redistribución de los recursos públicos y correcta distribución de representación democrática”. Así lo advierte, un pronunciamiento realizado por más de 50 instituciones, algunas eclesiásticas, que se oponen a un aplazamiento del censo nacional previsto para el 2022.

“Postergar el censo es postergar la planificación del desarrollo”, se titula el comunicado interinstitucional publicado en el portal de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) que pone en discusión, la decisión del gobierno de posponer hasta el 2024 el Censo nacional de población y vivienda, realizado por última vez en noviembre de 2012. El Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó en días pasados que será imposible realizar el censo antes de 2024, por las condiciones técnicas, financieras y logísticas, en parte causadas por la pandemia y “la elevada inestabilidad del plantel ejecutivo del INE”.

Ante la noticia, las organizaciones sociales y civiles sostienen que el censo en este momento es más necesario que nunca pues da una visión amplia de “cuántas personas habitamos en Bolivia, cómo vivimos, dónde estamos y qué necesitamos”. Una información que permite elaborar, cada 10 años, como establecido en la ley, una guía para definir políticas públicas para el país. “Por tanto – afirma la nota - "postergar el censo es postergar la planificación del desarrollo”.

Censo prioritario para las políticas sociales

Las políticas de salud y educación, sectores tan golpeados por la pandemia, así como las políticas de viviendas, de saneamiento, de acceso al agua y otras medidas orientadas a mejorar la calidad de vida, sin el censo, quedan desactualizadas y descontextualizada de la realidad actual. Pero, sobre todo, el pronunciamiento advierte sobre la necesidad de una información más precisa sobre situación del empleo, formal e informal, que “dará luces” sobre cuál es la población más vulnerable, los pobres, ancianos, niños o personas con discapacidad; así como temas de género y de los pueblos y territorios indígena-originario-campesinos.

El censo – reitera la nota - proporcionará datos orientadores para focalizar la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno y contribuirá a optimizar la inversión y la prioridad de las políticas de cuidado en el país. Pero, además, aportará un criterio poblacional relevante para una “adecuada redistribución de los recursos públicos” por departamentos y municipios.

Censo reflejo de transparencia política

La cuestión política también es reflejada en el comunicado interinstitucional en cuanto el censo permitiría definir la distribución de los escaños parlamentarios, principalmente en la Cámara de Diputados, por consiguiente, actualizar el padrón electoral, en un marco de “total transparencia”, en vista de los comicios de 2025.

“El censo requiere de la mayor voluntad política para llevarlo a cabo, de una determinación responsable con el país, con transparencia, sin intereses ni cálculos políticos, porque lo que está en juego es el bienestar de la población o el deterioro de sus condiciones de vida”, advierte la nota.  Se trata – señala, además - de que el Estado y las instituciones dispongan de información precisa, confiable, completa y oportuna sobre la situación de la población.

En este contexto, se recuerda que el censo “no es un tema gubernamental, sino estatal y de corresponsabilidad de todos”. De allí, el llamado a la participación de la sociedad y el seguimiento en las distintas fases del proceso pues éstas serán garantía, junto con la disposición de la población, para proporcionar información veraz y para que el resultado se traduzca, posteriormente, en políticas, planes y proyectos.

Censo impostergable

Desde el anunció del aplazamiento del censo, diversos sectores de la sociedad civil han reclamado que esto implica también la postergación de la redistribución de recursos para los gobiernos subnacionales y la reconfiguración de la asignación de escaños para representaciones legislativas.  Algunos analistas prevén que el retraso del censo perjudicará sobre todo a las autoridades electas en los municipios más poblados, ya que casi en toda su gestión sólo dispondrán de los recursos asignados para la cantidad de habitantes que tenían en 2012, como en La Paz y Santa Cruz.

También advierten que de realizarse el censo en 2024, los resultados se presentarían después de 2025, año de elecciones, lo que significa que la distribución de los escaños legislativos permanecería igual, teniendo en cuenta que la ley electoral establece que pueden ser modificados sólo después de un nuevo censo nacional de población.

De acuerdo con las proyecciones estimadas de la entidad encuestadora, hasta junio de 2020 la población boliviana es de 11 millones 631.100 habitantes.  El último Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizó en Bolivia fue el 21 de noviembre de 2012, año en que la población del país llegó a 10 millones 59.856 habitantes.