Brasil. Obispo de Roraima: proteger derechos y tierras de los pueblos indígenas

Ciudad del Vaticano

Los derechos y las tierras de los pueblos indígenas de Brasil deben ser protegidos, porque la violencia y la depredación no son una opción viable: así, en resumen, escribe Monseñor Mario Antonio da Silva, Obispo de Roraima y Segundo Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB), en una carta abierta al pueblo de Roraima, difundida el 1 de junio. La carta comienza recordando lo ocurrido el 10 de mayo en la aldea de Palimiú, donde se perpetró un ataque contra el pueblo Yanomami, al que siguieron en los días siguientes otros ataques contra la misma comunidad. El objetivo de la violencia era conquistar tierras con fines mineros. Hasta ahora, las autoridades han tomado "muy pocas medidas para garantizar la vida y la integridad de los pueblos", subraya el Prelado, lo que ha provocado que "la minería ilegal dentro de los territorios indígenas se haya convertido en una verdadera herida para los lugareños", agravada por la "anuencia del poder legislativo y ejecutivo que busca validar la práctica con diversos proyectos de ley". 

Ante todo esto, reitera Monseñor da Silva, los cristianos "no pueden permanecer en silencio", especialmente cuando "se amenaza la vida, se pisotean los derechos, se corrompe la justicia y se instiga la violencia". "La minería en tierras indígenas es una actividad ilegal que no se puede encubrir", subrayó el Obispo de Roraima, "provoca violencia contra personas y comunidades enteras, así como graves daños a la Casa Común, hiriendo la Tierra, destruyendo la selva y contaminando el agua que nos da la vida". "¿Quién está detrás de la extracción? ¿Quién se enriquece realmente con la depredación, la contaminación y la violencia? ¿Quién está más interesado en las operaciones mineras en tierras indígenas?", se pregunta el Prelado, recordando que "no es la primera vez que la minería se presenta como un proyecto ilusorio para el futuro de Roraima". Pero no puede ser cierto un futuro "que se presenta con ríos contaminados, zonas deforestadas, vidas destrozadas y genocidio".

Fuerte, pues, el llamamiento que el vicepresidente de la CNBB hace a las autoridades, cuya "omisión y negligencia es inaceptable". La protección de los territorios indígenas, de hecho, es "su obligación constitucional, también garantizada por los tratados y convenios internacionales", así como por varias decisiones judiciales que, en los últimos años, "han pedido la retirada de las minas ilegales y la protección de las tierras indígenas Yanomami". Sin embargo, hasta ahora sólo se han llevado a cabo "operaciones puntuales, que han resultado ineficaces", lo que convierte a las autoridades en "cómplices de la violencia, la depredación y la ilegalidad". Por eso, Monseñor da Silva reitera: "Es urgente que el gobierno garantice la protección de la vida y el territorio de los pueblos indígenas y actúe para asegurar investigaciones adecuadas", porque "quienes promueven la violencia, incitan al odio y a la degradación del medio ambiente, de hecho, lesionan la obra del Creador".

Dirigiéndose, pues, a toda la sociedad de Roraima, el Prelado subraya que "es necesario encontrar espacios de diálogo y caminos hacia el futuro que no pasen por la depredación ambiental, la agresión y la violencia contra los pueblos indígenas y sus territorios". Por último, junto con toda la Iglesia local y nacional, el vicepresidente de la CNBB expresa su "profunda solidaridad" con los Yanomamis y otros pueblos indígenas de Roraima, víctimas de las actividades mineras: "¡No están solos!  - Estamos a su lado y reafirmamos nuestro compromiso de defender los derechos de los pobres y el cuidado de nuestra casa común, en nombre del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. "Que el Dios de la vida y la esperanza -concluye la misiva- nos fortalezca para caminar de la mano por las sendas de la justicia y la paz".

Según los últimos datos de la "Red Pro-Yanomami y Ye'kwana", hay unos 27.000 Yanomami viviendo en un territorio del tamaño de Portugal. En los últimos años, la zona ha sufrido una auténtica invasión por parte de unos 20 mil mineros ilegales, conocidos como "garimpeiros", que también han provocado un aumento de las enfermedades entre la población local. De hecho, en cinco años, los casos de malaria se han multiplicado en un 500%, mientras que la pandemia de Covid-19 ha afectado a más de 1.640 yanomamis. La violencia del mes pasado se produjo después de que los indígenas impidieran a los mineros utilizar el río Uraricoera para llegar a uno de sus campamentos. En represalia, los garimpeiros llevaron a cabo una serie de ataques contra pueblos aislados de Palimiú. Las fuerzas de seguridad también intervinieron, pero nuevos enfrentamientos les obligaron a retirarse, sin éxito.