Guatemala. Obispos condenan la destitución “ilegal y arbitraria de fiscal” anticorrupción

Alina Tufani - Vatican News 

Una enérgica condena la de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que ante la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, un garante de la justicia y la democracia, se une al clamor e indignación de quienes protestan por una decisión que califican de “ilegal y arbitraria”. En un comunicado, los obispos advierten que “nada hay más peligroso para la institucionalidad del país que las mafias enquistadas" en las instituciones del Estado.

Régimen de impunidad se consolida

“Quienes se han alegrado ante la destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de impunidad se consolida”, denuncia el documento firmado por el presidente del episcopado guatemalteco, monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, Arzobispo Metropolitano de Guatemala y el Secretario general, monseñor Antonio Calderón Cruz, Obispo de Jutiapa.

La destitución del fiscal Sandoval por parte de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el pasado viernes, provocó la salida del país del exfiscal anticorrupción por motivos de seguridad, pues se teme una persecución judicial por sus investigaciones. En efecto, horas antes de su partida en una rueda de prensa, Sandoval denunció que la fiscal general Porras ha detenido diversas investigaciones que involucran a personeros del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Graves falencias del sistema judicial

El episcopado recuerda en su nota que el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de la investigación y persecución penal ante los delitos cometidos y que solo una justicia pronta e imparcial puede garantizar la libertad y la democracia.

“De todos es sabido que el proceso de administración de justicia en Guatemala tiene graves falencias”, afirma el comunicado de los obispos. Sin embargo, reconocen que en los últimos años se había logrado investigar hechos que anteriormente gozaban de total impunidad, “generando esperanza” en la ciudadanía.

Daño irreparable al país

“La destitución fulminante del fiscal Sandoval, según connotados hombres y mujeres de derecho, ha sido ilegal y arbitraria. Recogemos el clamor ciudadano al percibir que este hecho significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad, que tanto daño han hecho para el desarrollo integral del país", enfatiza el comunicado.

Los obispos guatemaltecos subrayan que la “abrupta destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval le ha hecho un daño irreparable al país”, no solo porque detiene la resolución de casos importantes de corrupción todavía en curso, sino que se pierde nuevamente la credibilidad del Ministerio Público.

Crecerán indignación y protestas

“Crecerá la indignación ciudadana, aumentarán las protestas sociales y el nivel de conflictividad, se complicará más el ya deficiente manejo de la pandemia y el tortuoso proceso de vacunación”, vaticina el comunicado de la CEG.

Ante este panorama, el episcopado exhorta a los operadores de justicia a empeñarse en la búsqueda de justicia, en construcción de la paz como bien mayor, a ser valientes en reconocer sus errores y a no perder el horizonte del bien común como expresión máxima del sentido del Estado de Guatemala.

Condena de la comunidad internacional

Desde la destitución del fiscal anticorrupción, los guatemaltecos han salido a las calles a protestar y han convocado a un paro nacional. Diversas organizaciones exigen la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general, Consuelo Porras. Mientras tanto, diversas organizaciones internacionales han manifestado su rechazo a una decisión que debilita la lucha contra la corrupción y favorece la impunidad.

Según informaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, el exfiscal Sandoval atravesó la frontera terrestre con El Salvador el pasado sábado. El funcionario de 38 años ha sido un baluarte en la lucha anticorrupción en Guatemala, especialmente, entre los años 2014 y 2019, junto a la exfiscal general Thelma Aldana y el abogado Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Las investigaciones de estos tres operadores de justicia sacaron a la luz docenas de casos de corrupción estatal, donde habían involucradas hasta 200 personas, entre ministros, funcionarios, empresarios y políticos. Actualmente, Sandoval realizaba pesquisas orientadas a destapar casos de corrupción dentro del actual gobierno.