Obispos ecuatorianos ante crisis carcelaria: valorar y respetar la vida humana

Ciudad del Vaticano

El pasado 29 de septiembre un enfrentamiento entre bandas rivales en el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Guayaquil, acabó con la vida de al menos 119 personas y dejó otras 80 heridas. Según una nota del Celam, al parecer las víctimas murieron por efecto de las detonaciones de granadas de fragmentación y heridas causadas por armas de fuego. “Situaciones que se presentaron en diferentes pabellones de la prisión. Un acontecimiento que puede calificarse como el más sangriento en la historia carcelaria de Ecuador”, se lee en la nota.

Dirigiéndose de manera particular a quienes participaron en la reciente masacre, los obispos pidieron el cese inmediato de la violencia y clamaron porque las armas se conviertan en arados y las balas en semillas de vida.

En la nota se lee que los obispos expresaron además su “cercanía y solidaridad con los familiares de las víctimas a quienes extendieron su compañía desde lo moral y espiritual, para que vivan estos momentos de duelo con fe y en paz; implorando que puedan perdonar a quienes acabaron con la existencia de sus familiares”. De la misma manera, la Iglesia ha propuesto que en todo el mes de octubre y el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, se realicen jornadas de oración y reflexión sobre el valor de la vida.

Situación actual

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que esta no es la primera masacre que se presenta en un centro carcelario durante el presente año. Según el organismo, se habla de más de 200 víctimas en “hechos violentos en diversas prisiones del país”. Razón por la cual, se lee en la nota, el organismo estableció un plazo de cinco días para que el gobierno ecuatoriano presente información clara sobre la situación de las personas privadas de la libertad y la crisis en los diferentes penales.

Por su parte el gobierno ecuatoriano liderado por el presidente Guillermo Lasso, declaró el estado excepción en el sistema penitenciario. Esto significa, entre otras medidas que durante los próximos 60 días tanto militares como policías podrán ingresar a las cárceles para desmantelar las bandas criminales que luchan por mantener el control interno de las prisiones.