Iglesia de Ecuador: Ante la violencia carcelaria asumamos un compromiso social
Alina Tufani - Vatican News
La violencia que no se acaba en las cárceles de Ecuador tiene sus raíces en el narcotráfico que mueve bandas rivales que operan dentro y fuera de las penitenciarias. Esto lo plantea monseñor Rafael Cob, Vicario Apostólico del Puyo, Ecuador, en una reflexión sobre la masacre ocurrida, el pasado sábado, en el Penitenciario de Guayaquil, donde el enfrentamiento de bandas rivales dejó un saldo de 68 presos asesinados y unos 25 heridos.
Violencia y dios dinero
“Violencia inhumana y sádica, se apodera de las mentes de delincuentes y reos, violencia que rebasa todos los límites que el ser humano puede imaginar y la raíz de esa violencia ¿cuál es? El dios dinero que mueve los hilos de tanta gente de todos los estratos sociales, ricos y pobres”, sentencia monseñor Cob en el artículo publicado en el portal de la Conferencia episcopal de Ecuador (CEE).
Más allá de no poder explicarse cómo se puede llegar al extremo que un gobierno no pueda parar la violencia en las cárceles, que además son controladas por los mismos reclusos, el prelado cuestiona aspectos como la naturaleza humana, las políticas del Estado y la responsabilidad civil. En particular, que las treguas o estados de excepción provisional, son políticas de Estado que deben aplicarse de manera urgente, incluso más que la prioridades económicas o sociales, pues la vida y la seguridad están por encima de todo, especialmente, frente al sufrimiento causado a tantas familias y personas en el país.
“Cuando el ser humano ha perdido la conciencia de no respetar el primer derecho sagrado, como es la vida humana de un ser semejante a él, cuando se ve al otro como el enemigo al que hay que odiar y eliminar porque amenaza mi territorio, se enciende la espiral de violencia, fuego que parece imposible apagar”, subraya monseñor Cob al analizar la raíz misma de tanta violencia.
Por ello, el obispo enfatiza que la sociedad debe reflexionar y tomar conciencia sobre esta realidad y no conformarse “con decir que el gobierno es el responsable del orden en las cárceles”, ya que es también una responsabilidad que debe ser afrontada como ciudadanos.
“¿Qué hacemos para que haya menos presos, en las cárceles? ¿Para que haya menos violencia en las calles y en las familias?, ¿Para que haya menos droga entre los jóvenes y adultos, en los colegios y en las calles? ¿Qué hacemos como padres y educadores para que haya más prevención del consumo de droga y vicios, que haya educación en valores para los jóvenes y niños?”, se pregunta el Vicario Apostólico de Puyo.
Monseñor Cob reitera que hay que pasar de los reclamos, protestas o eslóganes y unirse para construir un pueblo que mire por el bien común antes que el propio, que no permita el soborno y la corrupción y que denuncie cuando son violadas las leyes en contra del abuso y los derechos de los más vulnerables.
Narcotráfico e impunidad
En América Latina, Ecuador ocupa el puesto 18 en sobrepoblación de las cárceles con un 133%, mientras Haití ocupa el primer lugar con 454%, Guatemala llega al 367% y en Bolivia es del 270% (Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia – ICPR). Situación a la que se suma, según autoridades ecuatorianas, que más del 40% está preso sin sentencia. Porcentaje que, en promedio, se repite en la región.
Estos datos recogidos en un artículo de la publicación “Con los ojos fijos en El” de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, ecuatoriana explica que, para algunos expertos, en las cárceles se generan negocios muy lucrativos, de millones de dólares, que son administrados por mafias bien organizadas; en penitenciarías donde hay secciones en las que las autoridades carcelarias no ejercen control. Y para completar, con una mayoría de los presos jóvenes, de los que muchos llegaron por delitos menores.
“La corrupción e impunidad se han infiltrado y enquistado en los diferentes niveles de poder, de tal manera que las autoridades y jefes de turno pasan sin mayor trascendencia. Esta podredumbre carcome todo intento por mejorar, cambiar o curar cualquier desafuero… y lo peor, ya se ha convertido en parte de la cotidianidad social”.
Al respecto, la nota publicada en octubre pasado por la Comisión de Justicia y paz subraya que las personas privadas de libertad están bajo la tutela y responsabilidad del Estado, llamado a garantizar su seguridad y derechos. Sin embargo, advierte que la espiral de violencia carcelaria de muestra que el Estado ha perdido espacio y autoridad las penitenciarías, en ciudades y sectores amplios de la población.
“Al Estado, al gobierno de turno y a la sociedad, nos corresponde enfrentar y resolver este problema antes que sobrepase cualquier límite. Es un problema en el que todos estamos inmiscuidos”, afirma la Comisión de Justicia y paz que llama al diálogo, a la justicia, a la equidad, a la inclusión, para respetar la vida y los derechos de todas las personas, sin excepción alguna.
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