Chile Propuesta de ley sobre libertad religiosa será discutida en la Constituyente

Alina Tufani - Vatican News

“El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra sus convicciones o creencias religiosas y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas”. Esta premisa está contenida en el primer punto del articulado propuesto para la nueva Constitución por la “Iniciativa Popular n. 3.042” sobre la libertad religiosa y de conciencia, la cual reúne a la mayoría de las confesiones religiosas presentes en el país. Una moción que fue admitida para su discusión por la Convención Constitucional encargada de la reforma de la Carta Magna luego de alcanzar el número requerido de apoyos.

Se parte del principio que la Constitución debe asegurar a todas las personas la libertad de conciencia y de religión: “La libertad religiosa comprende su libre ejercicio, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, así como el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias, tanto en público como en privado, en cuanto no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”, reza el primer artículo de la propuesta de ley.

Plazo de adhesión hasta el 1 de febrero

Durante los últimos días del año 2021, según informa una nota de la Conferencia episcopal de Chile (CECh), la propuesta de texto para la nueva Constitución logró superar los 15 mil apoyos necesarios para ser vista como moción ante el órgano constituyente. Es más, dicha iniciativa ya cuenta con más de 18 mil firmas que podrán ser superadas pues se ha extendido el plazo de adhesión que concluía, el jueves 6 de enero, hasta el próximo 1 de febrero.

De hecho, desde ahora la “Iniciativa Popular n.3.042” podrá ser discutida en las comisiones correspondientes que decidirán su admisibilidad para ser votadas en el pleno de la asamblea constituyente y decidir su ingreso al texto constitucional definitivo. Si bien no significa que desde ahora sea considerada una norma constitucional, sin duda - sugiere la nota del episcopado-, “lograr un mayor respaldo ciudadano podría ser fundamental al momento de la revisión y discusión de cada propuesta por parte de los constituyentes”. De allí el llamado de la CECh, el pasado 13 de diciembre, a continuar la adhesion a la prropuesta que busca relevar en la Nueva Constitución el derecho a la libertad religiosa y de conciencia de las personas.

El 04 de enero se cumplieron los primeros seis meses de la Convención Constitucional que renovará la Carta Magna chilena

Un camino de unión interconfesional

Representantes de diversas confesiones religiosas de Chile, el pasado 19 de octubre, se apersonaron en las dependencias del ex Congreso Nacional, para entregar ante la Convención Constitucional sus aportes sobre la libertad religiosa como valor para la vida democrática y social del país. El documento es el resultado de un trabajo conjunto interreligioso e interconfesional que inició en agosto de 2021, con el fin de llegar a un lenguaje común y una propuesta en conjunto acerca del significado de la libertad religiosa y de conciencia en el ordenamiento constitucional.  Un segundo paso, fue la elaboración concreta del texto de la norma, compuesta de tres artículos, que fue presentado a la Convención Constitucional el pasado 9 de diciembre.

Religiones y creencias sujetos de derecho

“Consideraciones y propuestas de contenido sobre Libertad Religiosa en la nueva Constitución”, es el título del documento, donde están expresados los elementos centrales de la libertad religiosa, incluida la libertad de educación, la libertad de enseñanza, la libertad de matrimonio, entre otras cosas. Teniendo en cuenta que en Chile cerca de un 70% de personas pertenecen de alguna manera a las confesiones, el texto considera primordial que la libertad religiosa esté presente, como en otras constituciones modernas, para poder regular el fenómeno religioso como factor social importante en la vida de un país libre, pluralista y democrático.

“Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho y gozan de plena autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio. Podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones. Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado contra los derechos humanos de los afectados”, se enfatiza en el artículo n. 2 de la propuesta.

Por último, el tercer artículo presentado se refiere al derecho de los padres, y en su caso los tutores, a que sus hijos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Quiénes son

La norma presentada por la Iniciativa Popular n.3.042 recoge los elementos básicos constitucionales en materia de tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por Chile, que incluye religiones y creencias, es decir, también la de los pueblos los originarios. El docuemnto fue rubricado por los representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Anglicana de Chile, de la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, de la Plataforma Evangélica Nacional, de la Comunidad Musulmana de Chile, de la Comunidad Judía de Chile, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, del Centro Islámico de Chile, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Corporación mapuche ENAMA, del Consejo político mapuche “Walmapu” y del Consejo político Pueblos originarios.

La Convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile cumplió seis meses. El proceso constituyente fue la solución acordada por la mayoría de fuerzas políticas para solucionar la crisis de 2019, la más grave desde el retorno a la democracia, con treinta muertos, miles de heridos y acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos. En el plebiscito nacional que tuvo lugar el 25 de octubre, a pesar de la pandemia de COVID-19, participó el mayor número de votantes en la historia del país, de los cuales el 79 por ciento votó a favor de la reforma.