El sacerdote secuestrado en Nigeria en marzo ha fallecido

Vatican News

"Con el corazón dolorido, pero con total sumisión a la voluntad de Dios, anunciamos la muerte del padre Joseph Aketeh Bako, ocurrida en manos de sus secuestradores entre el 18 y el 20 de abril". Así ha anunciado el canciller de la archidiócesis de Kaduna, el padre Christian Okewu Emmanuel, el fallecimiento del párroco de la iglesia católica de San Juan en Kudenda, en el área de gobierno local de Kaduna Sur en el estado de Kaduna. El clérigo había sido secuestrado el 8 de marzo del año pasado.

El padre Bako, de 48 años, fue secuestrado por hombres armados que atacaron la rectoría en la noche del 8 de marzo, informó la agencia de noticias Fides. Junto con él, su hermano, que había ido a visitarlo, también había sido secuestrado. "Su hermano fue asesinado en su presencia y, como consecuencia de ello -declaró el canciller de la archidiócesis de Kaduna-, su estado, el padre Joseph Aketeh Bako, que llevaba tiempo enfermo, se deterioró y murió". "No hemos recuperado el cuerpo, pero tenemos confirmación de la muerte. Las personas que fueron secuestradas con él lo vieron morir". En las semanas que siguieron al secuestro, se extendieron los rumores de la muerte del padre Bako. El canciller de la archidiócesis de Kaduna aclaró que "las circunstancias que llevaron a la muerte del padre Bako han sido cuidadosamente verificadas".

Los secuestros en Nigeria son una lacra que a menudo afecta también a la Iglesia. Recientemente, además del padre Joseph Aketeh Bako, han sido secuestrados otros dos sacerdotes. El padre Leo Raphael Ozigi, párroco de la iglesia de Santa María en el estado de Níger, fue secuestrado el domingo 27 de marzo y liberado la noche del 8 de abril. El padre Felix Zakari Fidson, secuestrado el 24 de marzo, también fue liberado. El Senado nigeriano, para poner fin a los secuestros con fines de extorsión, ha aprobado un proyecto de ley que deberá ser aprobado y firmado por el presidente Muhammadu Buhari. Los obispos nigerianos llevan años prohibiendo el pago de rescates en caso de secuestro de personal eclesiástico y religioso.