Iglesia hondureña condena el asesinato de defensores ambientales

Vatican News

Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados el 7 de enero por un grupo de hombres armados. Según el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, desde agosto del año pasado habían sufrido una campaña de “odio y desprestigio”, Domínguez y Bonilla habían sido acosados y amenazados de muerte, por defender el Parque Nacional Carlos escaleras, oponerse a su destrucción e “instalación de dos concesiones mineras a cielo abierto”.  Según medios locales, después que el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa acompañó una gira interinstitucional del Estado a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, comenzó la ola de agresiones y acoso contra 32 ambientalistas entre los que se encontraban Bonilla y Domínguez.

La gira, según medios locales, fue encabezada por la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna). Desde que se realizó la gira, esta institución aún no hizo pública la información recabada en esa visita. El sitio web de Guapinol Resiste, afirma que Aly Domínguez, “es hermano del también defensor Reynaldo Domínguez, quien junto a otras 32 personas fueron criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding, que es presidido por el empresario Lenir Pérez”.

Condena de la lglesia

En un comunicado, la Comisión Nacional de Ecología Integral CNEI, de la Iglesia Católica de Honduras, que integra la Pastoral de Ecología Integral de varias diócesis del país condenan el asesinato de los dos ambientalistas. También han expresado sus condolencias a familiares de los líderes ambientalistas.

Combatir la impunidad

“Exigimos al gobierno y a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva sobre este acto criminal que pone fin a la vida de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, para que no quede en la impunidad como tantos otros”, se lee en el mensaje, en el que también se exige “que se garantice la integridad física y la vida de los defensores y defensoras de las comunidades en riesgo ambiental”.

De modo especial, los miembros de la organizaciones católicas manifiestan su preocupación por quienes defienden “el líquido vital, como lo es el agua, y el territorio afectado por el proyecto minero ilegal realizado por la empresa minera Inversiones Los Pinares”.

“Poner fin a la contaminación”

La Iglesia también hace un llamado a la solidaridad con las comunidades afectadas por el extractivismo, pidiendo “poner fin a la contaminación promovida por la explotación minera en una zona protegida como lo es el Parque Nacional Carlos Escaleras”.

Se pide al gobierno hondureño que acelere "el proceso de adhesión” al acuerdo de Escazú “que garantizará un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y asociaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, al tiempo que se invita “a todos los habitantes de esta casa común, a ser verdaderos custodios de la naturaleza y el ambiente, de los territorios ancestrales, del agua y el clima que son bienes comunes y públicos”.

El comunicado ha sido suscrito el 9 de enero por la Comisión Nacional de Ecología Integral de la Iglesia católica de Honduras, que integra la Pastoral de Ecología Integral de las diócesis del país, así como los Movimientos Laudato Si’ capítulo de Honduras, JPIC-CONFEREH y Caritas de Honduras.