Cardenal Tempesta: escenas en Brasilia deplorables, necesario el diálogo
Marco Guerra - Ciudad del Vaticano
La polarización política que se apodera de Brasil preocupa a la Iglesia local, que invoca la paz y pide el fin de la violencia. El arzobispo metropolitano de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta, también intervino sobre el asalto a los palacios del poder en Brasilia, definiendo las escenas de ayer como "deplorables" y señalando que pusieron de manifiesto "las divisiones de Brasil". Ante esta situación, el cardenal pidió "unidad y convergencia" para el pueblo brasileño. "Necesitamos un diálogo fraterno -continuó- que respete la diversidad cultural y religiosa del país". Por último, el Cardenal Tempesta instó a rezar "por un diálogo que mire al futuro y construya un tiempo de paz y prosperidad para todos".
Los obispos: proteger la democracia
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) también relanzó en su página web un comunicado publicado ayer en su perfil de Twitter en el que se mostraba perpleja por los graves y violentos sucesos de Brasilia. Por consiguiente, la presidencia de la CNBB hace un llamamiento a la serenidad, la paz y el cese inmediato de los ataques criminales contra el Estado democrático de derecho. "Estos atentados deben contenerse de inmediato y sus organizadores y participantes deben responder de sus actos con todo el peso de la ley. Hay que proteger a los ciudadanos y la democracia", reza el mensaje.
Lula reúne a los 27 gobernadores
Y tras el asalto de partidarios de Bolsonaro al Parlamento brasileño y a edificios institucionales en Brasilia, se produjeron 400 detenciones. Mientras tanto, el Tribunal Supremo destituyó al gobernador de Brasilia y se ordenó a las plataformas sociales que bloquearan la propaganda de manifestantes violentos. Por la noche, los manifestantes bloquearon carreteras y autopistas en al menos cuatro estados del país. Hoy, el Presidente Lula, que asumió el mando de Brasil el 1 de enero tras unas disputadas elecciones, mantendrá una reunión con los 27 gobernadores y el Ministro de Justicia.
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