Rechazo a contrato minero genera crisis en Panamá

Vatican News

Luego de 4 de semanas de manifestaciones multitudinarias, históricas en Panamá, la situación aún no tiende a ir a mejor, ante las incesantes reclamaciones de la sociedad panameña por la firma de un contrato minero, la ley 406 del 20 de octubre de 2023, catalogada como controversial y para muchos inconstitucional.

El contrato ley aprobaría por al menos 20 años la actividad minera a cielo abierto para la extracción de cobre en el país centroamericano. Previo a su aprobación fueron muchas las voces que se mostraron en contra, justificando su posición, principalmente, en base al impacto ambiental que causaría, así como el impacto a la salud de las poblaciones cercanas al territorio de explotación, entre otras causas referentes a la redacción del hoy contrato ley en perjuicio de la nación.

Las manifestaciones que iniciaron el pasado 23 de octubre han sido acompañadas por cierres permanentes en las principales vías del territorio nacional, limitando el tránsito terrestre de transeúntes y de productos alimenticios (principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas), logrando una desestabilización de los sistemas logístico, educativo, y financiero, por mencionar algunos, desatando un estallido social con el cuál han saltado, además, otras importantes reclamaciones de la sociedad panameña al sistema político del país.

Sobre esta situación atípica, monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo Metropolitano de Panamá, ha señalado, que la Iglesia panameña ha manifestado su preocupación desde mucho antes que esta crisis socio ambiental alcanzara los niveles actuales.

“La Iglesia Católica ha señalado la importancia de atender los graves problemas sociales que padece una gran mayoría de los ciudadanos y residentes que no cuentan con un caudal económico tan pujante, frente a un pequeño grupo que tiene mucho. Es claro que el sistema de desarrollo que existe en nuestro país, no responde a las grandes necesidades de nuestro pueblo, que hace más de cincuenta años no han sido resueltos por las autoridades”, señaló el prelado.

Sobre una pronta salida de esta crisis, Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que ve difícil una salida a corto plazo, puesto que “el modelo social, económico y político está desgastado”, siendo necesaria la puesta en común de todos los actores que podrían incidir en el futuro que requiere el país.

“Este país tiene muchas posibilidades de seguir adelante, poniendo en el centro la dignidad de la persona, superando todas las visiones de codicia y egoísmo que han sido los factores que han administrado la cosa pública del país…. Tienen que crearse los canales para reflexionar, discernir y proponernos el país que necesitamos”, señaló Jaén.

Diálogo para encontrar soluciones

Al consultar a Monseñor Ulloa sobre la ruta del diálogo para resolver esta crisis, señaló que: “a pesar de que ya no es posible hablar de mesas ni de diálogos, porque se ha profundizado la desconfianza entre todos los sectores involucrados”, la iglesia, como punto de encuentro, “siempre estará dispuesta a ser puente entre los hijos que se encuentran en contraposición para evitar confrontaciones lamentables; en posibilitar escenarios de encuentro para que se sienten las bases concretas que puedan dar respuestas permanentes a una situación compleja e histórica que sufre el país”, dijo Ulloa.

Agregó además que el desafío en esta vía será el escenario político que se vive en país, a las puertas de las próximas elecciones generales, en el que cada sector podría buscar su propio beneficio político ante las vicisitudes.

Futuro de la crisis

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad sobre la que reposa la responsabilidad hoy día de dictaminar la constitucionalidad o no del contrato minero, ha indicado que a partir del próximo 24 de noviembre se declarará en sesión permanente para generar lo antes posible un fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por abogados panameños.

Mientras tanto, los jóvenes del país siguen liderando las acciones de protesta y la convocatoria a la vigilancia permanente de las resoluciones que se dicten sobre este contrato ley, alegando que el verdadero oro de Panamá es verde y que el futuro del mismo depende de las decisiones que se tomen hoy.