Panamá. Obispos celebran el fallo que declara inconstitucional el contrato minero
Vatican News
“¡Hacia el futuro, por la vida! “se titula el comunicado de la Conferencia episcopal de Panamá (CEP) publicado apenas se dio a conocer, ayer, martes 28 de noviembre, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró "inconstitucional" el polémico contrato ley que renovó una concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).
“Hemos sido testigos – se lee en la nota -del caminar de nuestro pueblo, en las calles de las ciudades, en los campos, incluso navegando en las costas del país, la inmensa mayoría expresando su preocupación y rechazo a un contrato minero que “vulnera los derechos de la tierra y de los que vivimos en esta Casa Común”, nuestra querida Panamá”.
Contundente no al extractivismo
En efecto, la decisión apresurada tomada por el Parlamento y rubricada por el presidente Laurentino Cortizo, el viernes 20 de octubre, de renovar el contrato minero, a pesar del reiterado rechazo por parte de la oposición, grupos ambientalistas y otras instancias sociales, sumió al país, por casi dos meses, en un caos de protestas, bloqueos de carreteras e incluso actos vandálicos y fuerte represión. Sin embargo, las posturas de casi todos los sectores de la sociedad era un contundente rechazo a la política extractivista promovida por el oficialismo.
Derecho a una información clara y transparente
Los obispos panameños insisten en la necesidad de que el gobierno no solo asuma su responsabilidad en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sino que “informen oportuna y debidamente” a la ciudadanía sobre el proceso que se desarrollará con respecto a la industria minera, sus consecuencias en las comunidades y en el medio ambiente. Para ello, consideran de vital importancia, al incorporar a especialistas ambientales y a algunos líderes de los grupos que han manifestado públicamente su desacuerdo con la explotación minera en el país.
“La ciudadanía – explica el comunicado -no solo tiene el derecho de ser informada de una manera clara, sencilla y transparente; también debe tener una amplia participación en el proceso de negociación del cierre de las minas, libre de toda presión económica o política”.
Bienestar y convivencia social
La Iglesia de Panamá llama a todos los sectores sociales, políticos y económicos a reafirmar la voluntad de buscar el bienestar de todos y a garantizar la convivencia social pacífica. Por su parte, los obispos se comprometen a seguir “acompañando” los movimientos, trabajando por una conciencia de ecología integral; expresando sus posturas y orientaciones ante los problemas -como lo han hecho siempre- y asistiendo a las personas afectadas por los peligros de contaminación de la minería en las comunidades.
“Panamá necesita un desarrollo humano con perspectiva de una ecología integral, donde la persona esté en el centro. Ahora más que nunca necesitamos de una escucha y apertura generosa para alcanzar la justicia social y construir juntos un país para todos y con todos”, concluye el comunicado de la CEP.
El fallo
Por "unanimidad", el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró "inconstitucional" el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. La empresa Minera Panamá, subsidiaria canadiense, declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.
Centenares de manifestantes salieron, ayer, a las calles de Panamá a celebrar al grito de "sí se pudo" el fallo de la Corte. Las celebraciones se han replicado en muchos puntos del país, abarrotando las calles con banderas de Panamá y despejando la mayoría de las vías que se mantenían cerradas por los manifestantes desde hace semanas.
Por su parte, la First Quantum Minerals advirtió que se ha visto forzada a suspender "operaciones comerciales" en la controvertida mina Cobre Panamá a consecuencia de las protestas que se desarrollan en el país centroamericano. En un comunicado, reconoció el fallo y advirtió que "revisará" su contenido.
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