Amenazas y oportunidades para los migrantes en la frontera sur de España
Felipe Herrera-Espaliat, enviado especial a Algeciras, España
Abdelaziz Zeriouh tenía 17 años cuando atravesó ilegalmente la frontera entre Nador, Marruecos, y la ciudad española de Melilla. Quería buscar un futuro mejor, pero pronto fue detenido y, por ser menor de edad y estar solo, quedó bajo la tutela del Estado. Tras cumplir 18 años le otorgaron un permiso para residir en España que no le permitía trabajar, pero como no tenía para mantenerse ni para estudiar, inició un itinerario que lo condujo por diversas ciudades de la península en las que se empleó en el llamado mercado negro, sin papeles y, por ende, expuesto a explotación y condiciones laborales deficientes.
Sin embargo, su situación no es nada particular, porque desde el momento en que una persona entra en territorio ibérico sin un permiso previo o atravesando la frontera sin pasar por un puesto de control, se le considera un inmigrante irregular. Como tal, la ley prevé que sea expulsado del país a menos que regularice su situación, un trámite que, en el mejor de los casos, puede demorar entre dos o tres años.
Durante este periodo los migrantes carecen de derechos sociales, y la gran mayoría trabaja ilegalmente. Es más, un alto porcentaje de hombres y mujeres caen en manos de mafias de trata de personas, que los fuerzan a ejercer trabajo doméstico, a recorrer las calles como mendigos o a entrar en la prostitución. Abdelaziz padeció esto como recolector de fruta en los campos durante los periodos de cosecha.
Arraigo por formación
Pero una modificación de la ley está dando algunas facilidades a aquellos migrantes que lleven más de dos años en el territorio y quieran formarse en algún oficio que les permita concretar posteriormente un contrato de trabajo. Esta nueva modalidad es el llamado “Arraigo por formación” y facilitó que el último año se concedieran más de 15 mil autorizaciones de residencia, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración de España.
“Si la persona adquiere un compromiso para formarse en un ámbito laboral, esto le permite recibir, en un primer momento, una autorización de residencia. Posteriormente, si concluye sus estudios y consigue titularse, puede optar a un permiso ya no solo de residencia, sino también de trabajo, de modo que se le autoriza a emplearse en aquel ámbito en que recibió su formación”, explica Araceli Navarro, trabajadora social de Fundación ProLibertas.
Esta organización depende de la Orden de los Religiosos Trinitarios, y en su sede de Algeciras posee una Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero. Allí Abdelaziz recibió un completo entrenamiento que hoy, a sus 22 años, lo tiene trabajando de modo estable como mesero en “La Esquina”, conocido restorán de pescados y mariscos de dicha ciudad.
“Conseguí hacer la práctica aquí y resultó muy bien, con el mejor jefe que he tenido, los mejores compañeros, en la mejor empresa que he trabajado en mi vida”, comenta agradecido Abdelaziz, que no es el único migrante que integra el equipo de empleados del lugar. Todos ellos tienen contrato y sus documentos al día. “Lo importante es que vengan a trabajar. Yo intento ayudar a todo el mundo y aquí ya han pasado ocho o nueve, pero tienen que ser trabajadores. Solo les pido eso”, afirma Juan Moreno, dueño del local.
¿Centro de migrantes o cárcel?
Pero no todas son buenas noticias para quienes acompañan a los migrantes. Para enero se espera la apertura de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras, una enorme infraestructura donde serán recluidos los migrantes de la región que estén con un proceso de expulsión pendiente.
En España existen siete de estos centros donde se priva de libertad a personas que han cometido, no un delito, sino la falta administrativa de no portar documentación o de haber ingresado al país por un paso no habilitado. Diversas ONGs y asociaciones de la Iglesia se han manifestado contrarias a estos establecimientos que funcionan bajo un régimen penitenciario a cargo de la policía, y en los que los migrantes pueden pasar un máximo de 60 días, tras los cuales suelen volver a sus hogares o a la calle, porque las expulsiones no siempre se materializan.
El nuevo CIE de Algeciras se está levantando con fondos de la Unión Europea que superarían los 26 millones de euros de acuerdo a las informaciones oficiales, y lo han presentado como un recinto modelo de detención de migrantes, ya que contaría con áreas de recreación, además de atención sanitaria y social permanentes. Pero ninguna de estas instalaciones ni servicios sería suficiente para humanizar un espacio que es considerado inadecuado y del todo innecesario por el abogado Jesús Mancilla, voluntario de la fundación Algeciras Acoge.
“En la práctica los CIE funcionan como una cárcel en donde las personas tienen un horario en el que están en las celdas, horas de patio, horas de comedor y horas de vuelta a la celda. Y por definición, los CIE no pueden tener carácter penitenciario. ¡La gente tiene que saber que los CIE son cárceles para inmigrantes!”, argumenta Mancilla. Por eso su asociación junto a otras están solicitando que no se habilite este recinto que, además, se levantó a pocos metros de la cárcel de Botafuegos.
“La impronta y el simbolismo que se le está dando a este edificio que está junto a una prisión es que también es una cárcel. Entonces, para la opinión pública es difícil no asociar el CIE con una cárcel de personas que han hecho algo malo, cuando realmente se trata de gente que simplemente estaba migrando para buscar una vida mejor”, advierte el abogado.
Temen una ola de xenofobia
Actualmente existe otro CIE en Algeciras emplazado en la antigua cárcel de La Piñera, una prisión que fue clausurada dadas las precarias condiciones de sus instalaciones. Y dicho lugar, si bien tiene capacidad para 60 individuos, Mancilla sostiene que nunca ha retenido a más de 30 migrantes a la vez. Por eso ven con enorme inquietud que se inaugure un nuevo centro de reclusión con capacidad para 500 personas, ya que según él, las autoridades se verán obligadas a llenar el CIE para justificar la millonaria inversión, y esto podría desatar una ola de persecución xenófoba.
Preocupado por este tema también está el capellán del CIE de Algeciras, el padre Livio Pegoraro, Coordinador de la Pastoral de Migrantes de la región de Campo de Gibraltar y Ceuta. Este sacerdote scalabriniano se reúne cada semana con los internos en el patio de la deteriorada ex cárcel para hablar con quien lo desee, más allá de sus credos religiosos, pues la mayoría son musulmanes.
“Estas personas muchas veces están sufriendo traumas, porque se encuentran bajo una forma de prisión, separados de sus familias, de su trabajo, de su proyecto de vida, y por una cuestión administrativa son reenviados a sus países. Entre ellos he conocido a personas que están en España desde hace 30 años. Entonces, ¿qué significa para ellos retornar al país de origen?”, se cuestiona Pegoraro.
Por eso el capellán asegura que hacer de los CIE un medio para regularizar el flujo migratorio es un método equivocado, pues “criminaliza a los migrantes por el hecho de ser tales, en circunstancias que la Declaración de Derechos Humanos prevé que una persona pueda trasladarse libremente”, recuerda. Pero este religioso se mantiene optimista y no pierde la esperanza en un mejor escenario al ver la enorme energía moral, espiritual y humana que fortalece y hace perseverar a los migrantes. “No son los decretos, ni los debates, ni los prejuicios los que detendrán esta situación. La vida es más fuerte que todo”, sentencia el padre Livio, quien poco rato antes fue atendido muy eficientemente por el garzón Abdelaziz Zeriouh en un restorán de Algeciras.
Reportaje realizado en colaboración con Global Solidarity Fund.
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