Iglesia venezolana se pronuncia tras el motín en la sede del SEBIN
Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano
Que el gobierno "escuche las peticiones de los detenidos, haga cumplir las órdenes de excarcelación, y mejore las condiciones de reclusión de los privados de libertad": así se pronunció la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la persona de su Presidente, Monseñor Roberto Luckert y del Vicario General, el Pbro. Saúl Ron Braasch, ante los acontecimientos acaecidos el miércoles 16 de mayo en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en Caracas, lugar donde se encuentran recluidos ciudadanos y ciudadanas por cuestiones de índoles política.
Presos políticos en revuelta
Tal como informaron las agencias, este miércoles un grupo de detenidos en los calabozos de El Helicoide, quienes se identificaron como "presos políticos", se alzaron para denunciar presuntos maltratos y violación de derechos humanos.
La agencia EFE informó que “los reclusos han pedido ayuda través de distintos vídeos y han denunciado que hay menores de edad detenidos junto a ellos, una aseveración que ha sido reiterada por organizaciones defensoras de derechos humanos en el país petrolero”.
Respetar los Derechos Humanos
De ahí que la Comisión de Justicia y Paz de la CEV realizara “un llamado a las autoridades a respetar la vida de quienes están bajo su responsabilidad al encontrarse en instituciones del Estado Venezolano, a respetar los Derechos Humanos de todos y a buscar una salida pacífica a la problemática”.
Ante “posibles situaciones que se puedan lamentar”, los obispos recordaron al Estado su responsabilidad frente a la vida y a la integridad de todas las personas detenidas. Velar por los Derechos Humanos – escribieron - es obligación inexcusable e intransferible de los gobiernos, que no pueden estar subordinados a los hechos punibles que se persiguen.
A la Fiscalía General pidieron velar por todos los detenidos; menores, mujeres y presos políticos, y que investigue las denuncias de torturas realizada por los familiares.
Delitos contra los Derechos Humanos no prescriben
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