CIDH expresa preocupación por la migración forzada en Nicaragua

Ciudad del Vaticano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante el último informe elaborado que indica que un gran número de nicaragüenses se ha visto forzado a desplazarse a otros países de la región como consecuencia de sus opiniones políticas y de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde el inicio de las protestas de abril de 2018, así como por la activación de prácticas de persecución y criminalización por parte del Gobierno y otros actores no estatales, tales como grupos parapoliciales.

Por ello, la Comisión urge a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) "a adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de sus derechos humanos, brindar a todos protección internacional y reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida para atender la situación de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a migrar".

Jóvenes y estudiantes: los más perseguidos

Asimismo, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), observa que existe un gran porcentaje de estudiantes, jóvenes manifestantes, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, personal médico y sanitario, así como miembros de pueblos indígenas, entre otros; que han tenido que huir de sus hogares para preservar su integridad física, llegando incluso a tener que esconderse en refugios y casas de seguridad.

En los casos más graves, las personas se han visto forzadas a migrar a otros países para buscar protección internacional como resultado de la activación de diversas formas de persecución judicial y criminalización en su contra. Tras el inicio de la represión estatal a las protestas, la CIDH ha subrayado un incremento significativo en la salida a otros países y en las solicitudes de asilo de personas nicaragüenses, especialmente en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos.

Preocupación ante las persecuciones violentas

En este contexto, la CIDH destaca la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los hombres y mujeres defensores de derechos humanos y al respecto, nota con preocupación el cierre temporal de las oficinas centrales de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la salida de Nicaragua hacia Costa Rica de varios de sus integrantes, entre los cuales se encontraba el Secretario de dicha organización, Álvaro Leiva Sánchez, beneficiario de la medida cautelar MC660/18 de la CIDH, como consecuencia de las amenazas y el asedio por parte de grupos armados.

“En un primer momento la actuación del Estado nicaragüense se caracterizó por reprimir violentamente las protestas, lo cual luego fue evolucionando a la persecución selectiva, detenciones arbitrarias y prácticas de criminalización de disidentes y sus familiares. Esto ha ocasionado que miles de personas se hayan visto forzadas a esconderse y desplazarse, incluso llegando al punto de verse forzadas a huir de Nicaragua para buscar protección internacional en otros países”, señaló la Relatora de país para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola.

Aumento de solicitudes de asilo en el extranjero

Al respecto, el Refrendario sobre los Derechos de los Migrantes, Luis Ernesto Vargas Silva, manifestó: “el aumento en las solicitudes de asilo y de las personas que están buscando salir de Nicaragua requieren que los Estados de la región sean comprensivos ante la situación de las personas nicaragüenses y estén preparados para brindar una respuesta efectiva, compartida y basada en derechos humanos para evitar caer en una crisis de protección en la región”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó: “Estamos ante una grave situación que requiere que muchas de estas personas sean reconocidas como refugiadas, y por tanto, del liderazgo, la voluntad política y la responsabilidad compartida de los Estados de la región para responder a esta crisis”.

Por todo ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pide a los Estados de la región "establecer canales legales, regulares y seguros para la migración", que puedan garantizar el ingreso al territorio, la no detención como regla y el acceso a procedimientos de asilo con las debidas garantías, asegurando la protección correspondiente a las personas refugiadas cuando reúnan los requisitos para ello.