Rohingya. El Obispo Rozario: no hay solución política en el horizonte

Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano

“Trabajamos con las comunidades de los rohingya, que están en Cox Bazar, para prepararlas a las estaciones de los monzones, en curso. Pero, después de un año, nos preguntamos: ¿quién se ocupará de estas personas y quién financiará la asistencia humanitaria si la crisis irá adelante por el segundo o tercer año? De hecho no hay en el horizonte ninguna solución política”: así el obispo Gervas Rozario, de la diócesis de Rajshahi, en Bangladés, revela a la Agencia Fides su preocupación por la suerte de las comunidades Rohingya que se encuentran en el país, a un año del desplazamiento masivo de más de 700 mil musulmanes Rohingya desde Myanmar a Bangladés.

“Los prófugos Rohingya desean vivir una vida digna. Esta gente ha sufrido una limpieza étnica. Urge poner en práctica el acuerdo entre los gobiernos de Bangladés y Myanmar, garantizando a los Rohingya una vida digna y próspera. Pero no veo una sincera buena voluntad para resolver esta tragedia humana en un futuro próximo”, afirma.

El obispo nota que si bien los coloquios bilaterales entre ambos gobiernos terminen afirmando el compromiso de encontrar una solución, aún no hay algún plan concreto.

Misión de la Onu: es genocidio

Según un informe realizado por una misión del Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instituida en 2017,  "los crímenes cometidos en el estado de Rakhine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”.

El informe sostiene asimismo que  la líder birmana Aung San Suu Kyi no ha usado su posición de jefe de gobierno de facto, ni su autoridad moral, para limitar o impedir los eventos en curso en el estado de Rakhine contra los Rohingya.

Si bien señala que las autoridades civiles tenían poco margen para controlar las acciones del Tatmadaw, asegura que a través de sus acciones y omisiones, han contribuido a la comisión de crímenes atroces.

La Misión documentó asesinatos en masa, el incendio de los asentamientos rohingya y violaciones en gran escala por parte de bandas y otros actos de violencia sexual cometidos por soldados de Tatmadaw y pidió que la situación en Myanmar se remita a la Corte Penal Internacional o que se cree un tribunal penal internacional ad hoc para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.