Amnistía Internacional: Crisis de derechos humanos en Venezuela

El inicio de los desórdenes en Venezuela se remonta al 29 de marzo de 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia, apoyada por el presidente Nicolás Maduro, tomó el control de la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía la mayoría. Este abuso dio lugar a numerosas protestas que fueron reprimidas por el gobierno de Maduro con el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza. Entre abril y julio de 2017, más de 120 personas murieron, unas 1.958 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas durante protestas masivas.

Protestas masivas

En 2018, según el Observatorio venezolano del conflicto social, hubo 12.715 protestas en todo el país. Estas continuaron en el 2019 después de que el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llamara a que se continúen las manifestaciones masivas contra Maduro.

El informe de Amnistía Internacional  "Noches de terror" reveló cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados civiles respaldados por el gobierno allanaron violentamente los hogares de la población para intimidarla y evitar que participara en manifestaciones o cualquier otra forma de protesta.

La escalada de la represión

Las autoridades estatales han emprendido una política sistemática de represión durante la crisis, pero en base a las últimas noticias parece que las formas de represión se están intensificando.

En su informe "Este no es modo de vivir", Amnistía Internacional ha revelado cómo las fuerzas de seguridad respaldadas por el gobierno están utilizando la fuerza letal para matar a las personas más vulnerables y socialmente excluidas del país con el pretexto de "luchar contra la delincuencia".

A principios de 2019 hubo numerosos informes de violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, particularmente en las zonas pobres más afectadas por la crisis y donde se concentran los grupos armados de Maduro. Organizaciones de la sociedad civil venezolana afirman que 41 personas murieron durante las protestas de este año.

Niños entre los detenidos

Las autoridades estatales han hecho un uso indebido del sistema judicial para intimidar y abusar ilegalmente de aquellos que tienen una opinión diferente a la del gobierno. Según la organización venezolana Foro Penal, 988 personas fueron detenidas arbitrariamente entre el 21 y el 31 de enero de 2019. Entre los detenidos había 137 niños y adolescentes, de los cuales 10 siguen aún detenidos. También hay informes de tortura y otros malos tratos a los detenidos. El Foro Penal estima que el número de personas actualmente detenidas por razones políticas es de 942.

Civiles juzgados en tribunales militares

Los manifestantes detenidos han sido juzgados a menudo por tribunales militares, en contraste  con el derecho internacional. Han tenido que enfrentarse a acusaciones como "asociación con la intención de incitar a la rebelión" y "ataque a un guardia", que son acusaciones específicamente diseñadas para el personal militar. Esta es una prueba más de la determinación de las autoridades de silenciar la disidencia.

Tres millones de refugiados y migrantes

Según cálculos dela ONU, más de tres millones de personas han huido de Venezuela desde 2015. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La mayoría de estas personas denunciaron la incapacidad de cuidarse y alimentarse como consecuencia de la huida del país. En otras palabras, huyen para salvar sus vidas. Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de América Latina y el Caribe que permitan a los refugiados venezolanos acceder a los procesos de pedido de asilo en sus países.

Represión de la libertad de expresión

Ha habido numerosos informes de violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la detención arbitraria y/o la deportación de al menos 19 profesionales de los medios de comunicación nacionales y no nacionales. En enero de 2019, al menos 11 periodistas fueron detenidos en una semana.

Crisis económica

La inflación en Venezuela alcanzó la asombrosa cifra de 1.698.4882% en 2018, según la Asamblea Nacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en 2019 la tasa de inflación anual alcanzará el 10.000.000.000%. Mientras tanto, el salario mínimo oficial en Venezuela es de 6 dólares mensuales - y éste es el ingreso de una gran parte de la población. El resultado inevitable es que muchas personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

La falta de suministros básicos como alimentos y medicinas ha dejado a millones de venezolanos en alarmantes condiciones de vida que empeoran día a día. Las medidas adoptadas por las autoridades estatales han afectado  los salarios y los derechos de los trabajadores. Hasta 2013, las autoridades venezolanas habían hecho grandes progresos en materia de derechos económicos y sociales, pero esta tendencia se ha invertido decisivamente en los últimos años.

El gobierno no acepta la realidad

Nicolás Maduro ha negado repetidamente que el país esté atravesando una crisis de derechos humanos. Aún más, se negó a reconocer la falta de alimentos y medicinas. Las pocas estadísticas públicas oficiales sobre el bienestar de la población están en contradicción con los informes de organismos independientes.