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Sistema salud en Centroamérica: el dinero decide

En Centro América la erradicación de la pobreza y de la pobreza extrema, así como la reducción de la desigualdad, en todas sus dimensiones, continúan siendo retos centrales para los países de la región

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

La presencia de la pobreza en todas sus expresiones está directamente relacionada con los altos niveles de desigualdad que obstaculizan el desarrollo, así como son una barrera que impide la erradicación de la pobreza, la ampliación del ejercicio de la ciudadanía, del derecho a la salud y a la gobernabilidad democrática.

Desigualdad

La desigualdad en Centro América incluye estas expresiones, aunque las trasciende: desigualdad de ingresos, de medios, de oportunidades, de capacidades y de reconocimiento. La desigualdad se ha construido en la región gracias a una estructura productiva y a una cultura de privilegios que la mantienen.

Junto a estas razones, existen otras razones estructurales que también acentúan la desigualdad: el género, la condición étnica y racial, el territorio, las discapacidades, el estatus migratorio y la orientación sexual y la identidad de género. Todos estos elementos se entrecruzan, potencian y se encadenan a lo largo de la vida de las personas, multiplicando los factores de desigualdad y de discriminación que acaban acumulándose con el tiempo.

En este contexto, ubicamos los sistemas de salud de la región, los cuales no han podido eliminar las desigualdades existentes en esta materia. Una primera dificultad para la población la constituye el acceso al sistema. Predomina en Centro América un enfoque hospitalario, carente de suficientes recursos humanos, financieros y una infraestructura inadecuada.

A esta debilidad se añade la persistencia de algunas enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza, la exclusión social y a los cambios en el entorno medioambiental. La seguridad alimentaria, el agua potable y los programas de inmunizaciones son parte de estas carencias.

La desigualdad se ensaña con los pobres

Era un jueves por la tarde. Pablo, padre de 7 hijos, cuidaba a su mujer en el cantón Los Planes, Chalatenango. En menos de un mes ella había perdido más de veinte libras. Tenía la boca llena de llagas y apenas si podía tragar alimentos. La había llevado al Centro de Salud y el médico que la atendió, sin hacerle exámenes, diagnosticó cáncer. Le recetó unas vitaminas y le animó a prepararse para el momento fatal.

Un amigo de Pablo logró conseguir que una doctora hiciera una visita a su casa. La profesional diagnosticó fiebre tifoidea. Le administró un tratamiento, con la advertencia de que la enfermedad estaba avanzada y que las posibilidades de éxito eran pocas. La esposa de Pablo mostró mejoría por una semana y después de una crisis, falleció. El sistema de salud no pudo darle un servicio de calidad.

Un sistema de salud en ruinas

Ya en 2010, los Obispos Latinoamericanos a través de la Guía para la Pastoral de la Salud en Latinoamérica y el Caribe afirman que “La salud es un derecho fundamental que los Estados deben garantizar y al cual toda persona debe tener acceso sin privilegios ni exclusiones” (n. 7). Y añaden: “Hoy día, cerca de 200 millones de personas carecen de acceso regular y oportuno a los servicios de salud por localización geográfica, barreras económicas o ausencia de centros asistenciales cercanos. 53 millones no tienen sistemas de agua potable, 127 millones carecen de sistemas de saneamiento básico; 100 millones no acceden a sistemas de recolección de basura. Millones de personas que sufren los estragos de esta crisis y de los ajustes económicos se hallan desamparadas de la atención del Estado; por otra parte, la solidaridad de la sociedad es aún insuficiente para hacer frente a la magnitud de estos problemas socio-económicos”.

Según estudios, en América Latina, el 87.5% de personas no tienen atención primaria de salud centrada en los pacientes. La salud no se entiende como un derecho humano porque se segmenta y mercantiliza y los desatendidos son, fundamentalmente, las personas del área rural.

Crecimiento del sector privado

La presencia de empresas dedicadas a proporcionar servicios para la salud ha crecido en América Central, particularmente el sector que ofrece servicios a personas que vienen de fuera de la región. Este tipo de empresas priorizan la rentabilidad y el lucro en detrimento de los servicios asistenciales. El número de hospitales privados en la región crece a un ritmo mayor que los hospitales públicos, aunque el número de pacientes a los que atiende sea menor. Los países de donde provienen mayoritariamente los pacientes son: Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Italia y Singapur. Las especialidades con más demanda son oncología, oftalmología, odontología, ortopedia, cirugía cosmética, reproducción humana, spa y tratamientos para el bienestar.

En los servicios públicos de salud, la urgencia no es una prioridad. Si usted solicita una cita médica no es extraño que la reciba hasta dentro de unas semanas o incluso meses. No hablemos de servicios más especializados, por lo que hay que esperar con mucha paciencia.

Gasto público en salud y seguridad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los países invertir más del 6% del producto interno bruto (PIB) en salud. Los países que gastan entre el 4 y 6% de su PIB en salud, aunque es menos del mínimo recomendado por la OMS son Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Guatemala está bajo este nivel.  Costa Rica y Panamá serían los dos países que asignan más recursos al sector salud.

Según datos de los ministerios de Finanzas o de Hacienda, el gasto en seguridad ciudadana se desglosa de la siguiente manera:  El Salvador gastó en 2018 $416.64 MDD; Guatemala 548.09 MDD y Honduras 263.9 MDD. A esto añadimos los gastos de defensa: Honduras: 294.5 MDD; Guatemala 181.9 MDD y El Salvador 141.17 MDD. La inversión en el área seguridad y defensa en estos tres países no se traduce en bienestar para la población. Por el contrario, la percepción ciudadana se focaliza en el empeoramiento de la situación pues los tres países presentan tasas altas de homicidios, secuestros y extorsiones.

Tanto la Iglesia Católica Latinoamericana como la OMS coinciden en que el derecho a la salud seguirá siendo vulnerado por las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que caracterizan las sociedades centroamericanas.

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28 mayo 2019, 13:47