OEA insta a Nicaragua a que permita el ingreso de la CIDH

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

En la resolución por la que votaron a favor 20 países, 5 en contra y 8 se abstuvieron, la OEA insiste en "la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos".

La Unidad Nacional, a la que pertenece la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis, sostuvo que la OEA "le pone un plazo de 75 días para que restablezca el orden democrático devolviendo las personalidades jurídicas y los bienes a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación confiscados".

Además, que asegure el retorno con garantías de las decenas de miles de personas que se han marchado al exilio en el contexto de la crisis, y que se acceda a la justicia para las víctimas.

Asimismo, que el Estado realice las reformas electorales profundas que permitan elecciones generales libres y transparentes.

En diciembre pasado, el presidente Ortega dio por finalizada la presencia de una misión de la CIDH y anunció que expiró el plazo de otro grupo del organismo que investigaba la violencia que ha dejado centenares de muertos desde abril de 2018 cuando se produjo un estallido social que dio inicio a la crisis política del país.

Card. Brenes invita a que se conceda ingreso al CIDH

“La OEA está pendiente de Nicaragua, ha dado resoluciones que tienen un mandato. Es importante que la Comisión CIDH, entré en contacto con el gobierno y con los nicaragüenses para ir marcando pautas de esa verdadera armonía que tenemos que tener todos los nicaragüenses”, lo afirmó el Cardenal Leopoldo Brenes arzobispo de Managua.

Buscando una solución pacífica

La comisión tiene 75 días para elaborar un informe sobre la situación en el país, y realizar pasos diplomáticos que aseguren una solución pacífica y efectiva de la crisis socio-política. Al concluir ese plazo si es necesario, se convocará una sesión extraordinaria de la OEA para abordar la situación del país.