Refugiados sirios en el Líbano: vidas en juego entre rechazos y derechos violados

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

El Líbano es un país pequeño con unos 6 millones de habitantes. El estallido de la guerra en Siria en 2011 avivó la creciente afluencia de refugiados. Hasta 2014, la apertura de las fronteras ha permitido que más de 1,5 millones de sirios entren en el Líbano. Pero en los últimos meses, el gobierno de Beirut ha cambiado su política adoptando estrategias de rechazo "directas e indirectas" destinadas a devolver a los refugiados sirios a su país, basadas en la "condición previa no demostrada" de que Siria es ahora un "estado seguro" al que se puede regresar. Denuncia esta inversión de marcha la Comunidad Papa Juan XXIII con un dossier titulado "Regreso a Siria: matar o morir".

Violaciones de los derechos humanos

En particular, existe un principio consagrado en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” de la que el Líbano es signataria y que se infringe: "Ningún Estado podrá expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país si hay motivos fundados para creer que corre el riesgo de ser sometida a tortura". El expediente de la Comunidad  Papa Juan XXIII subraya que en realidad este principio de no devolución es violado por múltiples acciones llevadas a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad libanesas. Entre ellas figuran "un aumento exponencial de las deportaciones forzosas, la destrucción de campos y casas de refugiados informales sirios, los desalojos masivos, el endurecimiento de las medidas contra los trabajadores no autorizados y la restricción de la posibilidad de que los niños sirios obtengan un permiso de residencia".

Derechos denegados

Al no estar reconocidos como refugiados, los derechos de los sirios en el Líbano tampoco están protegidos por el derecho internacional: "no tienen libertad de circulación, ni derecho a la educación, ni derecho al empleo, ni derecho a la asistencia sanitaria". Muchas de las aglomeraciones en las que viven están en ruinas y carecen de condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. En mayo de 2015, el gobierno libanés solicitó oficialmente que ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, "dejara de registrar a los sirios en el país". Según una reciente encuesta de la ONU, "la mayoría de los refugiados sirios" no consideran las zonas controladas por el gobierno de Damasco como "seguras para el retorno" a su patria.

Operación Paloma

En el norte del Líbano, junto a las familias sirias, existe un "cuerpo civil de paz". Se trata de la "Operación Paloma" de la Comunidad Papa Juan XXIII que comparte, en un campo de refugiados en la frontera con Siria, el sufrimiento de una población extenuada. Este contingente de voluntarios testifica cada día que la no violencia es la única manera de lograr la paz verdadera. Pero la situación, leemos en el estudio de la asociación, nunca ha sido tan dramática: las familias sirias están "atrapadas entre el miedo a ser arrestadas y el servicio militar obligatorio si regresan a Siria, la imposibilidad de sobrevivir en el Líbano y los riesgos de peligrosas rutas de migración por mar a Europa". Sus vidas están suspendidas en la trágica encrucijada indicada en el título del dossier: "matar o morir".