Pena de muerte: niños víctimas invisibles

Roberta Gisotti - Ciudad del Vaticano

Una memoria que no pasa desapercibida para la suerte de miles y miles de condenados a muerte cada año, en espera de ejecución. La 17ª edición del Día Mundial se celebró por primera vez en 2003 por iniciativa de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que reúne a 159 organizaciones comprometidas con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

Los derechos violados de los niños hijos de condenados a muerte

Este año, la atención se centra en "las violaciones de los derechos de los niños cuyos padres han sido condenados a muerte o ejecutados" y que soportan toda la vida la carga de la privación o el luto sufrido por manos del Estado, lo que a menudo resulta desestabilizador en sus psiquis, a veces incluso en la edad adulta. La elección de este tema coincide con la celebración este año del 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada hasta la fecha por 196 Estados.

Una lucha por la vida, una justicia sin venganza

Entonces, ¿a qué punto estamos en esta batalla por la vida, por la justicia sin venganza? ¿Cuántos países aplican hoy en día la pena de muerte y cómo procede la moratoria de las ejecuciones solicitada por las Naciones Unidas? Hemos obtenido buenos resultados, pero el camino por recorrer es aún largo, explica Elisabetta Zamparutti, de la organización no gubernamental internacional "Nadie toque a Caín", comprometida desde hace más de 25 años con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

R. - El número de Estados que han decidido renunciar a ella por diversas razones, ya sea porque son abolicionistas o porque son abolicionistas de facto o porque aplican una moratoria sobre las ejecuciones, es ya una abrumadora mayoría: hay 165 contra "sólo" –se podría decir- 33 países que no sólo la mantienen en sus sistemas jurídicos, sino que también la practican. El año pasado, el número de ejecuciones fue de al menos 2.758; las ejecuciones se llevaron a cabo en 20 países, entre los que destaca China -como siempre-, Irán con más de 300 ejecuciones, y Arabia Saudí con al menos 142. El dato que se desprende de nuestro análisis es que la pena de muerte está vinculada al Estado de Derecho, a la democracia, hasta el punto de que los Estados que todavía la practican son principalmente países antiliberales o antidemocráticos, aunque todavía se practica en los Estados Unidos y en Japón, pero observamos -para permanecer en los Estados Unidos, que es el país al que se presta más atención- que, en cualquier caso, existe un recurso de apelación cada vez menor, de modo que cada año se reduce el número de ejecuciones, así como el número de condenas a muerte y el número de prisioneros en el corredor de la muerte.

¿Son estos también los efectos positivos de la moratoria universal sobre las ejecuciones solicitada por la ONU en 2007?

R. - Por supuesto, como ese texto, aprobado por primera vez en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamaba una moratoria de la pena capital con vistas a su abolición definitiva -la histórica batalla de "Nadie toque a Caín"- y cada dos años se este llamamiento ha sido reiterado, se reiteró esta petición, que obviamente tiene un valor inmenso: sabemos que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son jurídicamente vinculantes, pero tienen un valor político y moral muy fuerte, hasta el punto de que se ha acelerado considerablemente la lucha contra la pena de muerte. Debo decir que el continente que más ha contribuido a acelerar el proceso abolicionista en curso en el mundo ha sido el continente africano.

Hasta la fecha hay miles de personas condenadas a muerte en las cárceles de muchos países: casi 1.300 sólo en Malasia; una especie de tortura de por vida a la espera de una posible ejecución..

R. - Pues bien, sí, también porque sucede que los condenados a muerte no sólo tienen esta expectativa -que puede ser un tiempo infinito-, sino que a menudo también la sufren en condiciones de aislamiento. En cambio, creo que la esperanza debe ser cultivada por todas las personas que están en los brazos de la muerte, y por lo tanto, también ellos deben tener la oportunidad de cambiar, y este derecho fundamental, el derecho a la esperanza, debe ser reconocido. Esto también significa repensar todo el sistema penitenciario.