El agua, un recurso sobre el que aún hace falta legislar en América Central

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

La aprobación de la Agenda 2030, el Marco de Sendai y la aprobación de un acuerdo en la COP 21 de París dan cuenta de lineamientos e instrumentos necesarios en materia hídrica. Con el objetivo de asegurar la vida y la protección de los elementos esenciales para el ser humano, de los que el agua es un recurso fundamental, los países de la región Centroamericana han trabajado en la creación e implementación de políticas y herramientas que cubren el ámbito comunitario y el institucional regional.

Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible

En 2015 los países miembros de la Naciones Unidas se comprometieron a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El programa contiene 17 objetivos en los que el sexto se refiere al agua: “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Esto significa, garantizar la cobertura universal del derecho al agua y saneamiento, lo que considera temas como la calidad del agua, la gestión de los ecosistemas hídricos y la gestión de las cuencas transfronterizas.

Bien cierto es que los países Centroamericanos han avanzado en tomar mayor conocimiento del problema lo que ha posibilitado comenzar a legislar, sin embargo, países como El Salvador, no cuentan con una ley que regule el sector hídrico.

Ley de aguas y voluntad política

Andrés Mckinley, catedrático universitario, experto en el tema y miembro de organizaciones sociales afirma que: “las organizaciones sociales hemos estado luchando por casi 13 años para lograr una ley general de agua, ya que la causa de la crisis que se da en este país es por la falta de gobernabilidad en el sector hídrico y esto está causado por falta de una legislación adecuada y falta de institucionalidad, para garantizar una buena gestión del agua en este país”.

Para el académico, la situación hídrica en El Salvador es grave: “El salvador es un país que está sufriendo una profunda crisis del agua, en términos de calidad, cantidad y acceso. Estudios hechos por analistas, han encontrado que, de los 300 ríos más importantes en el país, todos menos uno, han perdido entre el 30 y 70 por ciento de su caudal en los últimos 20 años. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha planteado que más del 90 por ciento de las aguas superficiales del país están contaminadas”.

Pero a pesar de la gravedad de la situación, el sector empresarial y los partidos de derecha no apoyan la creación de una ley que permita ordenar y regular este importante sector de la vida social y económica del país: “Hemos enfrentado la oposición de la gran empresa de El Salvador, que prefiere vivir en el desorden con respecto al agua, para poder seguir explotando y contaminando este recurso sin sanciones o sin castigos. No quiere la regulación del agua y han sido apoyados por los partidos de derecha en el país. A la par de esto, están las luchas de los movimientos sociales durante 13 años, apoyados por la Iglesia Católica y otras Iglesias históricas protestantes que han logrado bloquear los esfuerzos de privatización del agua de la derecha y de la gran empresa por todo este periodo”, aseguró Andrés Mckinley.

Elecciones y propuesta ciudadana

Mckinley considera que la actual coyuntura preelectoral municipal ha propiciado una mayor unidad entre los sectores sociales defensores del recurso hídrico y anuncia que para esta semana presentarán una nueva propuesta de ley a la Asamblea Legislativa, junto con el Arzobispado de San Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Alianza contra la privatización del agua y otras organizaciones, “en un esfuerzo de empujar el debate que recién fue reabierto en la Comisión del Medio Ambiente sobre el tema hídrico, en la Asamblea Legislativa”.