Covid-19. COICA pide salvaguardar derechos de los indígenas

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros en 9 países (Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Brasil, Bolivia, Perú, Guyana y Guyana Francesa) han emitido una declaratoria de carácter “urgente” para advertir sobre la amenaza que podría suponer una propagación a gran escala del Covid-19 en esta zona, dada la situación vulnerable en la que se encuentran los pueblos indígenas ya de por sí, que perviven en territorios ancestrales de difícil acceso, sin protocolos específicos ante la pandemia y cuyos derechos siguen siendo transgredidos sistemáticamente, no solo por empresas y actividades extractivistas legales e ilegales, sino también por los propios Estados que, siendo los responsables de precautelar la vida y existencia de los pueblos, y sus territorios y atender sus necesidades diferenciadas, hacen lo contrario al implementar políticas extractivistas. En la declaración, de hecho, la COICA denuncia que pese a la pandemia “las empresas extractivas continúan laborando normalmente en muchos de los países”.

Reclamaciones de COICA a los Estados de la cuenca amazónica

Es por ello que, ante esta situación delicada en la que se encuentran estas poblaciones, la organización amazónica exige, tanto a los Estados como a los organismos internacionales una serie de medidas y derechos para preservar el bienestar de los indígenas: en primer lugar demandan que se tomen “medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas, que incluyan campañas de información y prevención en sus propios idiomas”, así como “el fortalecimiento de los sistemas de salud pública que brindan servicios a las comunidades”. También exigen a los Gobiernos que reconozcan” de manera pública, su responsabilidad para con los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, como poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia. En este sentido, piden que, en caso de acción contraria u omisión, “la comunidad internacional esté alerta ante el posible cometimiento de un acto genocida”.

Por otro lado, solicitan a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas ante las Naciones Unidas “que se pronuncie sobre la histórica desatención que han sufrido los pueblos indígenas en torno al acceso a los sistemas de salud pública” e instan la intervención de la ONU “para que se mantengan vigilantes ante cualquier eventualidad que en el contexto de la emergencia sanitaria afecte a las comunidades indígenas”.

Además, piden que se garantice “el acceso a la alimentación” protegiendo la economía de pervivencia de las comunidades productoras y asegurando a las comunidades el acceso a fuentes de alimentación propias (pesca, cacería y recolección) vigilando “que no resulten contaminadas o afectadas por terceros”. También que se preste la debida asistencia a los Pueblos Indígenas que habitan en sus comunidades con la cantidad necesaria de insumos para la protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y garantizar flujo de reposición adecuado.

Por último, solicitan a los gobiernos que “intensifiquen las acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas a los territorios” ya que se han identificado empresas y zonas donde las medidas de excepción dictaminadas no se cumplen y las actividades extractivas avanzan poniendo en alto riesgo a los pueblos y comunidades asentados en estas zonas. “Estaremos vigilantes sobre acciones y emergencias post covid-19 en territorios indígenas – concluyen – debido que habrá más presiones y amenazas para intensificar la extracción de recursos naturales frente a las deudas contraídas por los gobiernos con los organismos multinacionales”.